Un decreto ley, que tendrá que ser convalidado por el Parlament, para agilizar una veintena de equipamientos públicos, entre ellos el nuevo Son Dureta. Fue lo que aprobó el Ejecutivo en el consell de Govern del viernes.
El decreto fija procedimientos urbanísticos excepcionales que permitirán la construcción de residencias, centros sanitarios y educativos, entre ellos la escuela que reclama Caimari (Selva) y para la que no existe un solar urbano. El decreto permite su construcción en suelo rústico no protegido.
La nueva norma incorpora «una tramitación específica y ágil» para aquellos proyectos que se consideren prioritarios y cuya inversión habrá declarado previamente el Consell de Govern como de interés autonómico. Esta declaración permitirá agilizar todos los procedimientos y la calificación del equipamiento para el uso que se determine será automática. El periodo de exposición pública se acortará y no se requerirá la licencia de obras para ejecutarlos.
Según explicó el conseller de Territori, Marc Pons, estas medidas podrán permitir la puesta en marcha inmediata de los centros de salud de Son Ferriol, Pollença y Nuredduna (Artà), las escuelas públicas de Caimari (Selva) y Es Mercadal y el nuevo conservatorio de música en la Sala Augusta (Maó), además del nuevo centro terapéutico de menores en Son Llebre (Marratxí). El decreto, además, facultará a la Conselleria de Salut a desarrollar el plan especial de ordenación del hospital de Son Espases y fijará una regulación específica para los mataderos municipales.
Plazos más cortos
La portavoz del Ejecutivo y consellera de Presidència, Pilar Costa, aseguró que el decreto nace del trabajo coordinado de distintas consellerias. El procedimiento permitirá redactar y aprobar el proyecto de un equipamiento sin que se haya formalizado la cesión del terreno y la conselleria competente podrá proponer el cambio de uso con un informe forme previo del ayuntamiento correspondiente.
Además, según se establece, para hacer reformas interiores se tendrá que presentar una comunicación al consistorio junto con el proyecto, y a los 15 días se podrán empezar las obras y, para actuaciones que requieran licencia, se tendrá que solicitar al ayuntamiento, y a los 45 días naturales se podrán empezar las obras si no hay respuesta negativa.
Menos trámites tras la parálisis de inversiones
El Govern justifica el decreto ley en dos hechos: de una parte, la «parálisis inversora de los años de crisis económica que ha impedido la evolución de la red de equipamientos públicos educativos, sanitarios o sociales». De otra, la necesidad de vencer la «lentitud y dificultades de procedimientos administrativos que retrasan la ejecución de proyectos que se consideraran necesarios».