El Partido Popular de Baleares tendrá que devolver la subvención que recibió para compensar los gastos de su campaña electoral para las autonómicas de 2007. Aquella campaña se pagó básicamente en B, según queda patente en una sentencia judicial y estaba ligada a una supuesta trama corrupta del PP que aún se sigue dilucidando en los tribunales y que afecta a diferentes comunidades autónomas, Balears incluida.
El Govern, en su reunión del viernes y después de varios días de polémica, resolvió la nulidad parcial de la subvención electoral otorgada al PP en 2007, así como reclamarle un total de 212.941,07 euros, al añadir los intereses (más de 56.900 euros) a la cantidad de 153.322 euros que la Sindicatura de Comptes determinó que se habían pagado de forma indebida.
En 2016, tras conocerse la sentencia (que recoge el testimonio del que fuera gerente del PP, Fernando Areal, de que había pagado en negro parte de la campaña de 2007) el Parlament solicitó un informe a la Sindicatura de Comptes para esclarecer el incumplimiento de la ley electoral. La Sindicatura concluyó que, de haberse conocido los hechos en 2008, cuando se otorgó la subvención, se hubiera realizado una propuesta de reducción de la misma en 153.322 euros.
Saqueo a las arcas públicas
Por ello, el Govern inició el trámite para anular el pago de la subvención y exigir la devolución de dicha cantidad, lo que requiere un informe del Consell Consultiu. Este organismo emitió su dictamen recientemente, pero cuestionaba que se pudiera reclamar el total de los 153.322 euros, sino una cantidad menor. El Govern ha asumido las tesis de la Sindicatura. El presidente del PP, Gabriel Company, había llamado el jueves «mentirosa compulsiva» a la presidenta Armengol por su insistencia en reclamar al partido que devolviera «lo robado».
La portavoz del Govern, Pilar Costa, acusó ayer al presidente del PP balear de «sacar pecho de una actuación que los tribunales han dicho que era ilegal». Costa lamentó «la actitud del PP» por no «pedir perdón por ser el partido que ha saqueado las arcas públicas en esta comunidad». «Los ciudadanos, como mínimo, se merecen unas disculpas y no que Company saque pecho de un delito reconocido por sentencias firmes», reprochó Costa, que añadió que se trata de unos hechos ocurridos en «la etapa más triste políticamente de estas Islas durante la democracia».
La campaña electoral del PP en 2007 fue una de las más caras. Luego se supo que se pagó parcialmente en B y que se ocultaron gastos en una operación con ramificaciones en otras agrupaciones del partido.