Un empresario de Manacor corre serio peligro de acabar en prisión por un delito fiscal que cometió en pesetas. El acusado fue juzgado esta semana en Palma por unos hechos de hace 16 años que han bordeado la prescripción pero que desembocarán en una condena segura a una pena de al menos dos años de cárcel.
El acusado aceptó en la vista que su empresa ni siquiera presentó la documentación para declarar ni el impuesto de sociedades ni el IVA en 2001. Por el primero dejó de tributar 352.805 euros y, por el segundo, 545.000; si bien ese año aún estaban en vigor las pesetas. En ambos supera el límite de 120.000 euros anuales por lo que admite la comisión de dos delitos fiscales. Su defensa concordó tanto los hechos como la petición de pena -dos años- con el ministerio público que sí reconoció una atenuante por dilaciones indebidas.
Sin embargo, el asunto no se cerró en una conformidad porque la Abogacía del Estado no puede asumirlas sin que se haya realizado el pago íntegro en delitos fiscales. En todo caso, su representante ni siquiera informó para apoyar la petición de tres años de cárcel. De esta forma, la magistrada encargada del caso tendrá que dictar una sentencia.
La pena que se le impondrá al empresario, si se mantiene lo que piden la Fiscalía y la defensa, en principio podría ser suspendida durante la ejecución. Sin embargo hay dos problemas, el primero es económico.
El acusado tiene que devolver a Hacienda todo lo defraudado y, además, pagar una multa por el mismo valor de lo que no declaró, eso eleva la cantidad que tiene que satisfacer a 1.794.000 euros. De forma inicial, la Fiscalía pedía que esa multa fuera del doble o el triple. El otro problema es que el empresario tiene pendientes otras causas por delito fiscal.
El retraso en la causa se produce desde su inicio: la Agencia Tributaria no denunció penalmente el fraude hasta el año 2007. Desde entonces, el caso ha seguido el destino de muchas causas en los juzgados de Manacor y la instrucción se ha eternizado una década hasta llegar a juicio.