El GOB y Amics de la Terra han manifestado este miércoles su rechazo a la ampliación del depósito de seguridad de Son Reus que ha solicitado la empresa gestora de residuos Tirme, que consideran que no tiene sentido si lo que pretenden Consell de Mallorca y Govern es reducir la incineración.
El subcomité de evaluaciones de impacto ambiental abordará este jueves la petición de ampliar el lugar donde se depositan las cenizas resultantes del proceso de incineración de residuos en la planta de Son Reus gestionada por Tirme, han informado las entidades ecologistas en un comunicado.
Han detallado que dichas cenizas son peligrosas, deben tratarse con cemento y enterrarse en un depósito de seguridad porque pueden contener dioxinas cancerígenas y provienen de la quema de la basura que no se separa para su reciclado.
La organizaciones indican que el depósito se ha quedado pequeño debido a los elevados índices de incineración de Mallorca, dado que en Baleares se generan más de 500 kilos por habitante, muy por encima de la media del estado que está en 61,3, y se recicla un 16,3 %, por debajo del 33 % estimado en España y de las cifras de Alemania (64 %) y Austria (56 %)
Este hecho, motiva la petición de Tirme de ampliar el depósito, al que calculan una vida útil de 10 meses.
La organizaciones han criticado que Tirme pide la ampliación para tener capacidad suficiente para poder seguir incinerando al mismo ritmo que actualmente hasta en el año 2041, «sin ningún tipo de previsión de disminuirlo».
Detallan que un resumen de Tirme de septiembre de 2016 indica que para el diseño del depósito ha tenido en cuenta que «las entradas serán constantes a lo largo de toda su vida útil», algo que han cuantificado hasta mayo de 2.041, fecha de finalización del contrato de concesión, y que cifra el volumen de cenizas en 42.100 metros cúbicos anuales.
Las entidades ecologistas han recordado que hace años que denuncian que la empresa Tirme «se enriquece con la quema de residuos, que bien podrían ser considerados recursos si se recuperaran y reciclasen adecuadamente».
Según el GOB y Amics de la Terra, el contrato «blindado» entre Tirme y el Consell de Mallorca condena la isla a la incineración «para seguir garantizando las ganancias de la concesionaria, motivo que explica el poco incentivo para reducir su nivel» y promover el reciclaje.
Señalan que desde 2010 se ha doblado la cantidad de residuos incinerados, si bien el Consell de Mallorca está elaborando un nuevo Plan Director Sectorial de Residuos que prevé un descenso significativo de la incineración y el Govern trabaja en la primera Ley de Residuos con la intención de promover la reducción de residuos, así como la reutilización y el reciclaje.
El GOB y Amics de la Terra creen que las previsiones de Tirme no se corresponden en absoluto con las intenciones del Consell y el Govern de minimizar la incineración.
Han recordado además que la Unión Europea ha legislado a favor de una economía circular y todos los países miembros deben reciclar el 50 % de residuos en 2020.
Abogan por educar a la ciudadanía, organizar bien la recogida de puerta a puerta, implementar SDDR (Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno de Envases) y separar la fracción orgánica.