El caso Andratx, que estalló en noviembre de 2006 con la detención del entonces alcalde del municipio mallorquín, Eugenio Hidalgo, y del director general de Territorio del Govern, Jaume Massot, se ha cerrado este lunes con la última de la treintena de condenas acumuladas a lo largo de 11 años y 13 días.
La última, de 3.600 euros de multa por falsedad por imprudencia grave de funcionario público, ha recaído sobre la arquitecta municipal Isabel Seguí, que se ha sentado en el banquillo de la Audiencia de Palma para el juicio de la pieza 78 del caso, de nuevo junto a Massot, aunque este último ha sido exonerado porque la fiscalía ha retirado la acusación por falta de pruebas.
La antigua empleada municipal ha admitido que certificó en falso el carácter urbano de unos terrenos que realmente eran suelo rústico protegido, pero la Fiscalía ha modificado su escrito de acusación inicial, en el que solicitaba 3 años de prisión por falsedad y prevaricación, y ha considerado que hizo el certificado inveraz por imprudencia, y además han acordado la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas.
Respecto a Massot, antiguo asesor del consistorio y antecesor de Seguí, la acusación pública, que originalmente le consideraba inductor del delito, ha retirado los cargos porque no ha acreditado su intervención en los hechos.
Fuera de la sala en la que se ha saldado con un acuerdo este último juicio del caso Andratx esperaba el principal protagonista de la causa, el exalcalde Eugenio Hidalgo, que había sido citado para declarar como testigo.
Massot, el antiguo celador de obras Jaume Gibert e Hidalgo han sido las figuras casi constantes en la veintena de piezas juzgadas del caso de corrupción urbanística más relevante de la historia judicial de Baleares, pero también han sido juzgados y condenados varios funcionarios municipales y promotores inmobiliarios que se beneficiaron de la trama para facilitar la edificación en terrenos protegidos.
Los tribunales han dictado condenas por falsedades, prevaricaciones, delitos contra el medio ambiente y negociaciones prohibidas, entre otros, y se han emitido órdenes de demolición por la nulidad de licencias obtenidas mediante fraude, algunas ejecutadas y otras en curso.
El estallido del caso en 2006, con la detención de un alcalde y un director general del PP con el Govern del mismo partido presidido con mayoría absoluta por Jaume Matas, supuso una conmoción política que superó el ámbito balear, máxime cuando se hicieron públicas conversaciones entre Hidalgo y el entonces conseller de interior y secretario general popular, José María Rodríguez.
Se investigó si Rodríguez había avisado al alcalde del inicio de la operación en su contra pero nunca se probó, y la instrucción siguió su curso sin salpicar directamente al primer nivel del Govern de Matas, aunque sí se le atribuyó un efecto político en su frustrada reelección en 2007.
De las casi 80 piezas separadas que se abrieron en el juzgado de instrucción 12 de Palma, se han juzgado más de una veintena. De las que se han archivado, la mayoría lo fueron por un cambio de normativa urbanística que hizo urbanizables terrenos que previamente no lo eran.