Mañana lunes se acaba el ‘caso Andratx’. Once años después, la Audiencia Provincial ha señalado el juicio por la última de las 79 causas en las que se dividió el gran sumario.
Se trata de una pieza menor, que llegará ya con un acuerdo de conformidad y que supondrá una condena por falsedad imprudente contra la jefa accidental del área de urbanismo del Consistorio, que ocupaba la plaza porque Jaume Massot estaba en ese momento en comisión de servicios ya que era director general de Territori del Govern. La funcionaria hizo un informe para una de las parcelas de la urbanización de Monport que copiaba las conclusiones del que ya había hecho Massot para otro y que determinaba que se podía construir, cuando en realidad era imposible. Se la condenará por no hacer las comprobaciones ella misma y fiarse del criterio de su antecesor.
Con este acuerdo se habrán cerrado 32 juicios diferentes que han terminado en 29 condenas en torno al urbanismo irregular en el municipio. El resto de piezas se archivaron después de que un cambio en la normativa urbanística legalizara muchas de las construcciones irregulares. Los tres principales implicados en el caso se encuentra en libertad condicional o ya con sus condenas cumplidas. Massot cumplió ocho años y medio; el exalcalde Eugenio Hidalgo, seis y el celador, Jaume Gibert, cinco.
En principio, Massot tendría que haber sido juzgado este lunes, pero se ha retirado la acusación contra él después de que aceptara una condena por la pieza 1, que abordaba Monport.
Pleitos millonarios
El final de la parte penal no cierra del todo el recorrido judicial del ‘caso Andratx’. Quedan sus consecuencias económicas, en especial para el Ajuntament y serán pleitos millonarios. Al reconocerse las falsedades en torno a la urbanización de Monport, las licencias que entonces se concedieron pasan a ser nulas.
Tendrá que ser ahora en procedimientos contenciosos en los que los actuales propietarios reclamen las cantidades que correspoden a la pérdida de la licencia y a la posible demolición de lo ya construido. De hecho, un juzgado de lo Contencioso de Palma ya ha estudiado una reclamación en este sentido y está pendiente de dictar sentencia.
La ‘operación Voramar’ con la que arrancó el caso tuvo lugar en noviembre de 2006. Fue el primer gran caso que puso en marcha Anticorrupción en Mallorca.
La Justicia tarda, pero al final, también acaba.