El Parlament ha aprobado este martes la Ley de Urbanismo de Baleares que afectará al suelo rústico, que quedaba fuera en la anterior normativa -la Ley del Suelo (LOUS) de 2014-, y que introduce medidas de lucha contra la especulación y, en términos generales, configura la actividad urbanística «como función pública» y desde una perspectiva «ambiental».
Respecto a la disposición criticada por Podemos y Més ya que consideran que podría suponer urbanismo a la carta, esta finalmente ha sido aprobada con los votos a favor de PSIB y PP, los votos en contra de Podemos y Més y las abstenciones del PI y Cs.
En concreto, esta iniciativa permitiría que determinadas edificaciones con más de un 90% construido en determinadas circunstancias se pudieran legalizar, «como serían casos concretos en Ibiza», tal como se ha denunciado por parte de estas dos formaciones.
Desde el PSIB, el diputado Damià Borràs ha negado esto durante el debate que se ha producido en el plenario ya que una de estas disposiciones se introdujo a petición del Ayuntamiento de Sant Josep y permitirá al consistorio convertir en urbanos unos terrenos edificados en un 90 por ciento, para poder «ordenar de forma definitiva esta zona».
Esta nueva normativa, abreviada con las siglas LUIB, cuenta con unas 200 páginas, entrará en vigor el próximo 1 de enero de 2018 y tiene la intención de reforzar la disciplina, agiliza los planeamientos y obliga a destinar suelo a vivienda pública.