El PP ha acusado al gobierno de izquierdas que preside el Consell Escolar de Mallorca de querer acabar con la enseñanza concertada y la libertad de elección de centro después de que este miércoles aprobara el informe de propuestas sobre el proceso de escolarización y la realización de un mapa escolar.
El PP votó en contra porque considera que pretende limitar las opciones de los padres a la hora de escoger un centro para escolarizar a sus hijos, ha informado el partido en un comunicado.
La formación, representado en el Consell Escolar de Mallorca por Antonia Roca, argumentó que para el PP «es prioritario que los centros ofrezcan un modelo educativo de calidad y que los padres puedan elegir el que consideren más adecuado para sus hijos».
«Las familias han de sentirse involucradas en la educación de sus hijos desde el principio y la administración no puede limitar su libertad en el proceso de escolarización», criticó Roca.
El PP votó a favor de la propuesta de la FAPA para regular las guarderías infantiles. «No queremos que existan escoletes de primera y de segunda y, en consecuencia, apostamos por garantizar que los menores con edades comprendidas entre los 0 y los 3 años puedan acceder a esos centros en igualdad de oportunidades», defendió Roca.
Por último, la formación se abstuvo en la propuesta de resolución sobre el posicionamiento del CEM frente a lo que calificaron de «campaña de desprestigio de la comunidad educativa de Baleares», por estar en desacuerdo con la redacción de la resolución. El PP presentó un texto alternativo, que fue rechazada por el equipo de gobierno.
El PP quería que el texto resaltara el «papel fundamental» de la comunidad educativa» y expresara apoyo «a la inmensa mayoría de profesores que ejercen de manera ejemplar su vocación ante los que tratan de extender un velo de duda sobre la labor docente».
«De la misma manera, y por el bien de toda la comunidad docente y su prestigio, consideramos imprescindible que de sus organismos competentes se depuren responsabilidades cuando se produzcan hechos y conductas denunciables que traspasen el simple ejercicio de la docencia en los centros educativos», defendió el PP.