La Asociación de Apartamentos y Viviendas de Alquiler de Temporada de Baleares (Aptur) y la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) han denunciado ante la Comisión Europea la normativa sobre alquiler turístico incluida en la modificación de la Ley de Turismo balear, por considerar que vulnera directivas europeas sobre libre mercado y libre competencia.
Así lo ha anunciado el presidente de Aptur, Joan Miralles, en una rueda de prensa este jueves en Palma. Por su parte, el responsable de la comisión jurídica de la entidad, Joan Carles Moll, ha manifestado la «decepción» de Aptur por que el Gobierno de España no presentara finalmente recurso de inconstitucionalidad contra esta normativa mientras que sí recurrió la ley de 'toros a la balear', un tema de «menor trascendencia para la economía de Baleares».
En concreto, a instancias de Aptur, Fevitur ha ampliado la denuncia contra la ley de 2012 -escrito que presentó en 2016- para incluir aspectos de la modificación aprobada este año por el Parlament, después de que el Gobierno estatal no haya presentado recurso de inconstitucionalidad -el plazo finalizó el 31 de octubre-.
La ampliación de la denuncia argumenta posibles infracciones de las directivas de libre mercado porque la modificación «recoge criterios restrictivos». Por ejemplo, Moll ha criticado que se fijen límites de plazas al alquiler vacacional a través de planeamientos como los PIAT o los PTI.
En la denuncia, se alega que se concede «plena discrecionalidad» a administraciones públicas de rango inferior al autonómico -como Consells y ayuntamientos- para determinar un número máximo de plazas, según Aptur, sin determinar ciertos criterios como los recursos que deben ser ponderados.
Precisamente, otro de los aspectos contra el que se dirige el escrito es la zonificación, porque, según Moll, «se puede establecer cualquier tipo de criterio restrictivo que impedirán acceder a una actividad económica». Según la denuncia, el procedimiento de zonificación «resulta contrario a la libertad de empresa» de la Unión Europea.
De este modo, según Aptur «nada impide a estas administraciones» declarar zonas maduras y saturadas y por lo tanto reconducir la demanda de alojamiento en estas zonas hacia los hoteles.
«Coto privado de caza» con las licencias
Por otro lado, Moll ha advertido de la posibilidad de que se cree un «coto privado de caza» con la bolsa de alquiler turístico en el sentido de que los propietarios con licencia» actualmente o los que la obtengan próximamente «serán los únicos que podrán ejercer esta actividad económica durante muchos años», mientras que otros, «por generaciones, nunca podrán alquilar una vivienda heredada», por ejemplo.
La denuncia de Fevitur también critica duramente la restricción al alquiler de más de tres viviendas de un mismo propietario porque es «algo que se ha inventado el legislador y que no existe en otros sectores como el hotelero».
Finalmente, consideran que se invaden competencias estatales. Según Moll, las autorizaciones que se requieren ahora en las comunidades de propietarios «transgreden la propiedad horizontal».
En definitiva, Fevitur basa su denuncia en que las directrices de la norma «no están claramente reguladas, no están bien parametrizadas» y «dan lugar a que caprichosamente el gobierno que sea pueda aplicar restricciones que no están permitidas por la legislación estatal o la europea», según ha explicado el experto jurídico.
Moll ha concluido que la modificación legal impulsada en Baleares «lo que hace es perpetuar el modelo turístico actual, favorecer siempre al hotelero y no dar entrada a un modelo alojativo novedoso».
Aptur prevé que Europa se pronuncie en un plazo máximo de unos dos años y «se lancen recomendaciones tanto al Estado como a las autonomías y que lleguen a legislar, a través de directivas, para unificar las reglas del juego».
Recurso de inconstitucionalidad
En cuanto al recurso de inconstitucionalidad que finalmente no ha presentado el Gobierno, Moll ha censurado que «sí le ha preocupado un tema que no es de tanta trascendencia para la economía de Baleares», la ley de 'toros a la balear'.
Moll ha recalcado que el Gobierno central advirtió en mayo al Govern de que su proyecto legislativo «transgredía estos principios» de libre mercado y por ello desde Aptur se han mostrado «totalmente sorprendidos» de que no se haya recurrido la modificación legal «que ha sido todavía más restrictiva tras pasar por el Parlament». «No sé si es porque están desbordados por el tema de Cataluña», ha apostillado.
«Nuestra sensación es que siempre ganan los mismos, el sector hotelero que tiene peso en todos los partidos», ha lamentado Moll.
El responsable de la comisión jurídica de Aptur ha explicado que la normativa no permite a la asociación presentar un recurso de inconstitucionalidad pero no cierra la puerta a llevar este asunto ante el Tribunal Constitucional mediante cuestiones de inconstitucionalidad en procedimientos individuales a personas o empresas.
Concretamente, desde Aptur han avanzado que ayudarán a sus asociados a plantear ante los organismos judiciales elevar la cuestión al Tribunal Constitucional cuando haya denegaciones de autorizaciones o sanciones, por ejemplo.