Nuevo toque de atención del Consell Consultiu al Govern, en este caso a la Conselleria d'Educació. El órgano asesor ha devuelto al Ejecutivo la orden del conseller d'Educació, Martí March, que regulaba las titulaciones necesarias para que los profesores puedan dar clases de catalán y en catalán en la enseñanza reglada no universitaria.
El Consultiu ni siquiera entra en el contenido de la orden del conseller ya que, como advertencia previa, señala que no se han cumplido trámites básicos para dar el visto bueno al texto. La ponencia la redacta Joan Oliver Araujo y en ella se indica que no se puede dar por formalizada la exigencia de consulta previa que marca la Ley de Procedimiento Administrativo Común.
Según este texto legal, el Govern estaba obligado a sustanciar una consulta pública del documento a través del portal web de la Administración. En esta consulta debía solicitarse la opinión de las organizaciones más representativas, afectadas por la norma. En esta consulta se deben plantear los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa, la necesidad y oportunidad de la aprobación, los objetivos de la norma y las posibles soluciones alternativas. El Consultiu asegura que el Govern ha incumplido estos pasos y le recuerda que la consulta es obligatoria ya que no hay una legislación específica autonómica, lo que hace que el Govern debe cumplir subsidiariamente la legislación estatal. «El carácter exigente y riguroso de la norma, que es básica, impide a este Consell Consultiu buscar formas de sanación que en pasado se han podido amparar», señala el dictamen.
El redactor del documento reprocha además al Ejecutivo que no se haya justificado debidamente que el texto ha llegado como corresponde al Consell Social de la Llengua Catalana.