El decreto por el que se exige el conocimiento de lengua catalana para poder trabajar en el IbSalut ha sido aprobado este viernes en la Mesa Sectorial de Sanidad pese a contar con el 75 por ciento de votos en contra de la parte sindical.
Según ha explicado el secretario autonómico del Sindicato de enfermería (Satse), Jorge Tera, a Europa Press, han votado en contra del decreto el Sindicato Médico (Simebal), Satse, CCOO y CSIF. Por su parte, los sindicatos UGT y USAE se han abstenido. Solo ha votado a favor la Administración.
Del encuentro, ha asegurado Tera, «sale un documento con carácter excluyente, que va a afectar al personal fijo y puede que también al temporal». El secretario autonómico del sindicato ha lamentado que «no había margen de negociación» y ha criticado la «nula» intención de negociar por parte del Govern.
«No teníamos esperanzas de que se pudiera negociar. El decreto venía negociado políticamente y encorsetado sin margen de maniobra. De las alegaciones que hemos presentado prácticamente nada se ha modificado», ha manifestado.
Desde Satse han explicado que «simplemente se ha cumplido con un trámite necesario», ya que para su aprobación final «obligatoriamente debe de pasar por la Mesa pero no de llegar a acuerdo». El siguiente paso, ha informado, será tratarlo en el Consell Consultiu, «donde el apoyo o no tampoco es vinculante», para que finalmente pueda ser aprobado por el Consell de Govern.
«Un mal día para la sanidad balear»
Por su parte, el presidente del Simebal, Miguel Lázaro, ha resumido como «un mal día para la sanidad balear» que se haya aprobado en la Mesa el decreto, puesto que ha considerado que «la sanidad va a salir perjudicada».
«Los pacientes van a ver como la calidad sanitaria va a disminuir porque faltan médicos y con estas medidas captar médicos va a ser muy difícil y muestra como los derechos lingüísticos prevalecen sobre los derechos sanitarios», ha lamentado.
En este sentido, ha asegurado que «el daño colateral es muy importante» y que se trata de «una victoria pírrica del Govern». Por este motivo, ha avanzado que cuando salga el decreto lo impugnarán.
«Hacen muy difícil la gestión sanitaria y es una barbaridad porque es politizar la sanidad por una cuestión ideológica, ya que MÉS impuso esta medida o si no rompe el pacto. Esto es una politización de la sanidad», ha criticado.