La delegada del Gobierno en Baleares, Maria Salom, ha defendido que para poder cerrar la central eléctrica situada en Alcúdia como plantea el Govern es necesario garantizar el suministro y la seguridad y «antes de cerrar es Murterar hay que saber qué costará».
«Lo que ha hecho el Gobierno es poner unas condiciones para poder cerrar la central de es Murterar por seguridad y porque ha de estar garantizado el suministro energético», ha explicado Salom después de que el ministerio de Industria haya denegado el cierre planteado por el Govern balear.
Ha advertido de que «no se puede cerrar es Muterar y que después en agosto, en plena temporada turística no tener garantizado el suministro de energía eléctrica» y ha insistido en que «antes de cerrar es Murterar hay que saber qué costará y si supondrá que el recibo de la luz suba un ojo de la cara».
Salom ha reprochado al ejecutivo autonómico su actitud al afirmar que «el Govern balear tiene un problema, que le encantan las peleas con Madrid por el tema que sea, más que gestionar bien y dar una buena solución a los ciudadanos de Baleares».
Según la delegada «el Gobierno quiere hacer las cosas bien, con garantías, con seguridad y cumpliendo los acuerdos internacionales de emisiones». «Pero hay que saber qué precio tendremos que pagar», ha insistido.
Salom ha recordado que para hacer efectivos esos acuerdos de rebaja de emisiones contaminantes, el Gobierno ha puesto en marcha un plan de energías renovables de unos 60 millones de euros y subvencionará a las empresa para su puesta en marcha, que se complementará con partidas a nivel europeo.
Para clausurar la central de Alcúdia «antes hay que poner en marcha energías más limpias que permitan que pueda ser efectivo cerrar».
Ha precisado poder hacerlo dependerá de «la velocidad de la iniciativa privada para querer utilizar más renovables y del tiempo que tarde el Govern balear en autorizar la instalación, qué energía se produce y si es suficiente para poder cerrar o no es Murterar».
Sobre el anuncio del Govern de denunciar ante la UE al Gobierno por no autorizar el cierre progresivo de la octava empresa más contaminante de España, Salom ha advertido: «A lo mejor puede hacer el ridículo el Govern porque los acuerdos de emisiones no son por localidades o por comunidades o barriadas, los acuerdos son de países y España tiene unos compromisos medioambientales, son políticas nacionales y el Gobierno de España los cumplirá».