El conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha anunciado hoy que el Govern recurrirá a la Unión Europea en protesta por la decisión del Gobierno central de no acordar el cierre progresivo de la central eléctrica de Es Murterar de Alcúdia como había solicitado el ejecutivo autonómico.
Pons ha anunciado acciones ante la UE por la negativa del Ministerio al cierre progresivo de las centrales contaminantes existentes en las islas, tras haberse reunido en Madrid con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha informado el Govern en un comunicado.
Según Pons, «el Gobierno ha decidido no poner ninguna fecha al cierre des Murterar, lo deja sine die y por tanto con la voluntad de pasar 2020 y hacia adelante, y tampoco respalda el cambio de fuel-oil por gas en la central de Mahón», ha criticado.
El conseller considera que la negativa del Ministerio, es «una decisión errónea, que va en contra de los compromisos del Gobierno de luchar contra el cambio climático» y que supone «condenar a Baleares a mantener unos sistemas de producción de energía que están desfasados». «Este no puede ser el camino», ha insistido Pons.
El Govern estima el coste de cerrar progresivamente la central de Es Murterar en unos 10 millones de euros, que se verían compensados en el futuro por la generación eléctrica mediante energías renovables. Según Pons, «dentro de un sistema de 35.000 millones de euros como es el español, cualquier modificación de mínimos debería ser considerada una puesta en valor, una mejora y tirar adelante».
Ha anunciado que el Govern pedirá reunirse con el comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete y también con la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, para mostrar su «oposición frontal» a la decisión del Gobierno que supondrá perpetuar Es Murterar y la central de Endesa en Mahón.
«Podemos seguir incrementando la producción de renovables pero quieren seguir consumiendo carbón, el combustible más barato de todos», ha agregado Pons.
El conseller ha recalcado que el Gobierno tiene la obligación de explicar ante la UE su grado de cumplimiento de la Directiva de Emisiones Industriales «que fijaba recortes importantes en 2020» en las emisiones de gases contaminantes. «No entendemos la versión cortoplacista en la toma de decisiones», ha reprochado Pons, quien considera que «no tiene lógica en el marco de los compromisos de París y de la UE».
«Hemos pedido que Baleares forme parte de este espacio y que haya reducciones y no han sido atendidas por el Gobierno, lo denunciamos públicamente lo llevaremos ante Europa y seguiremos dando una batalla que entendemos justa, que va a favor de los valores ambientales de Baleares y de un destino turístico puntero en el mundo», ha defendido el conseller.
Según el conseller, la decisión del Gobierno deja en papel mojado sus compromisos internacionales.
Pons ha dicho no entender que el ministro de Industria «que es también el de Turismo, no sea sensible con un destino» como Baleares y cierre la puerta a «propuestas constructivas».
«Tenemos claro que agotaremos todas las vías para hacer viable la transición energética en nuestras Islas», se ha comprometido.
Ha recordado que otros países han puesto fechas límite a las centrales de carbón, desde 2023 a 2030, como Francia, Austria, Reino Unido y Holanda.
«En este contexto resulta muy difícil de entender que desde el Estado se bloqueen iniciativas de las comunidades autónomas, como Baleares, que toman decisiones en concordancia con los acuerdos europeos mientras el Estado se las da la espalda», ha zanjado