Los infractores urbanísticos tendrán una espada de Damocles de por vida a partir de enero de 2018: cualquier obra ilegal que hagan en suelo rústico a partir de entonces no prescribirá nunca, es decir, quedará expuesta para siempre a una posible orden de demolición de las obras hechas sin autorización. La legislación vigente ya establece esta no prescripción en suelo protegido, pero en suelo rústico común bastaba que transcurrieran ocho años desde la ejecución de la obra para que quedara exenta de una orden de demolición.
La nueva ley de urbanismo, que en estos momentos tramita el Parlament, lo cambia todo. Ha incorporado una disposición insólita en la legislación comparada española. Las órdenes de demolición de las obras ilegales no prescribirán nunca gracias a una enmienda al proyecto de ley que han transaccionado Podemos, MÉS y PSIB. la intención del pacto de izquierdas es lanzar un mensaje claro y contundente a los infractores para que se lo piensen dos veces antes de hacer obras sin permiso.
La modificación de la ley permitirá a los consells ejecutar las órdenes de demolición de manera subsidiaria y cobrar después el coste de la obra al propietario. Lo que no cambiará, sin embargo, es la prescripción penal por un delito urbanístico, fijada en cinco años por ley, y la obligación de pagar una sanción económica equivalente al precio de la obra ilegal, que prescribirá a los 8 años, como hasta ahora.
El proyecto de ley está a punto de pasar el primer trámite parlamentario, el de ponencia, y en breve comenzará el debate en comisión.