Mohamed Harrak, el joven de Son Gotleu absuelto de yihadismo, abandonó el lunes la cárcel de Zaragoza. La Audiencia Nacional resolvió que Harrak no era un terrorista. Un tribunal de la Sección Primera de lo Penal consideró que el joven, de 28 años, pensaba que colaboraba con el Cuerpo Nacional de Inteligencia (CNI). Los jueces vieron «poco creíble dedicarse a la recluta de personas dispuestas a pasar a la acción y al tiempo entregarlos a una agencia de seguridad del Estado». El tribunal, sin embargo, lo condenó a tres años de cárcel por tráfico de drogas.
El abogado de Mohamed Harrak, Pedro Casado, ha recurrido la pena impuesta por narcotráfico. La Policía Nacional detuvo a Harrak en abril de 2016 en el domicilio familiar de Son Gotleu. Allí encontró 12 gramos de cocaína en una maleta y dos balanzas de precisión. En el hotel de Santa Ponça donde trabajaba como cocinero también hallaron restos de droga.
Harrak fue juzgado el 5 de octubre en la Audiencia Nacional. El marroquí no respondió a las preguntas de la fiscal ni de la acusación popular, ejercida por la Asociación Víctimas de Terrorismo. El joven negó su vinculación al Estado Islámico. «No soy seguidor del Dáesh», afirmó. Harrak explicó que colaboraba con el CNI. La primera toma de contacto fue a mediados del año 2014 con un tal Ángel, su confidente. Siguió sus instrucciones. Creó cuatro perfiles de Facebook para contactar con gente dispuesta a viajar a Siria e Irak. «Carece de sentido que hubiera trasladado la información relevante de sus contactos a quien creía que era un agente de inteligencia si no estaba colaborando en la detección de sospechosos», explicó la Sala en la sentencia. Harrak dio a su confidente información de sus contactos en la red y copias de las conversaciones que mantenía con otros sospechosos por WhatsApp.
La Fiscalía reclamaba una condena de 10 años de cárcel por un delito de terrorismo, pero no solicitaba ninguna pena por tráfico de drogas. Solo acusaba la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT). El letrado de Harrak cuestionará en su recurso la legitimación de la asociación de víctimas para acusar por tráfico de drogas.