El IB-Salut la ha suspendido dos años de empleo y sueldo porque, dicen, está incumpliendo la ley de incompatibilidad. María Barros es auxiliar de enfermería en el hospital de Son Llàtzer desde hace casi 17 años y también trabaja en Creu Roja como teleoperadora de emergencias.
«Hace cerca de 17 años que realizo los dos trabajos y ahora desde el IB-Salut han decidido que son incompatibles», explica. «Lo curioso es que nunca he escondido que realizara los dos trabajos; es algo conocido tanto por mis compañeros como por mis jefes. En febrero de 2006 en Son Llàtzer me hicieron fija y nunca había tenido ningún problema», añade la auxiliar de enfermería.
Barros sufrió el año pasado un grave accidente de tráfico que la dejó 35 días en coma. Poco tiempo después de salir del coma «desde la dirección de Son Llàtzer se ponen en contacto conmigo y me dicen que hay un problema de incompatibilidad entre ambos trabajos y que tengo que dejar uno de los dos empleos», afirma.
Sorpresa
«La verdad es que mi primera reacción fue de sorpresa porque nunca me habían dicho nada, de hecho estoy asegurada en los dos sitios», comenta Barros. «El IB-Salut entiende que mis dos trabajos son incompatibles y me abre un expediente administrativo hace seis meses.
Un expediente que ha derivado en una suspensión de empleo y sueldo durante 2 años en Son Llàtzer», explica la auxiliar de enfermería.
El pasado mes de junio, después de superar el coma y estar cerca de 3 meses de baja, Barrios se incorpora a su puesto de trabajo en Son Llàtzer. «Me incorporo a mi trabajo, me dan 15 días de vacaciones, y cuando vuelvo me dicen que me suspenden del trabajo. Estuve un mes sin trabajar cumpliendo la sanción», añade.
Barros ha puesto todo el proceso en manos de su abogado. «Hemos hecho dos recursos, pero no nos han hecho ningún caso, y me he sentido completamente desbordada», comenta. «Al no obtener respuesta por esta vía, recurrimos a la judicial», añade Barros, quien ha interpuesto una demanda contenciosa administrativa contra la Conselleria de Salut y el IB-Salut, en la que pide la comparecencia de unos 40 testigos y la suspensión de la sanción.
«Desde julio he vuelto a trabajar porque la dirección del hospital ha acordado la suspensión cautelar de la suspensión de funciones», después de que les haya llegado un decreto del Juzgado Contencioso Administrativo numero 1 de Palma.