La Vicepresidencia del Govern y Conselleria de Innovación, Investigación y Turismo ha puesto en conocimiento de la Fiscalía «presuntas irregularidades» de «varios» trabajadores del departamento de Ordenación Turística -funcionarios que actualmente no están en activo-.
Tras conocer Vicepresidencia a finales del pasado mes de agosto que estos trabajadores estaban siendo investigados en el marco del caso Cursach, se inició una investigación interna para esclarecer si había habido irregularidades y el 4 de septiembre se detectó que había un acta de inspección por sobreocupación del verano de 2016 que afectaba a un establecimiento del grupo Cursach y que «inexplicablemente» no se había trasladado al Servicio de Sanciones.
Así pues, Vicepresidencia analizó los expedientes que afectaban a empresas del grupo Cursach y le «llamó la atención la premura con la que se resolvieron determinados expedientes». Concretamente, los relativos a proyectos para aumentar de categoría y por explotación conjunta de establecimientos de alojamiento turístico de este grupo, de manera que la resolución de los expedientes tuvo lugar el mismo mes de la apertura de éstos.
Por todo ello, Vicepresidencia ha iniciado diligencias informativas, que pueden derivar en expedientes disciplinarios, para esclarecer posibles responsabilidades por parte de funcionarios del departamento de Ordenación Turística y, además, ha puesto los hechos en conocimiento de la Abogacía de la comunidad, para remitir la información a la Fiscalía Anticorrupción, algo que hizo con un oficio firmado el pasado 20 de septiembre.
En cuanto al acta de inspección por sobreocupación del verano de 2016 del establecimiento del grupo Cursach, Vicepresidencia ha calificado de «grave» este hecho porque durante la campaña de inspecciones de este verano también se ha levantado un acta por sobreocupación en el mismo establecimiento.
Así, la tramitación de ambos expedientes en paralelo supone «un beneficio para el infractor», ya que no será posible aplicar el agravante de reincidencia que sí se hubiera podido aplicar si el acta de 2016 se hubiera tramitado «en el momento oportuno».
Vicepresidencia ha declarado que su compromiso contra la corrupción es «firme» y ha expresado que ha actuado «con contundencia» ante las presuntas irregularidades detectadas.
Por último, Vicepresidencia confía en que la Fiscalía Anticorrupción y la Administración de Justicia en general llegarán «hasta el final» y ,así, se podrán esclarecer las posibles responsabilidades penales que se derivan de estos hechos.