La portavoz del grupo municipal popular, Margalida Durán, ha exigido este jueves al alcalde, Antoni Noguera, la retirada inmediata del nuevo copago en Servicios Sociales porque «no es de recibo que el Pacto de Cort castigue especialmente a quienes cuentan con una situación social y económica más desfavorable».
Según ha recogido en un comunicado el PP, la regidora ha catalogado de «inaceptable» que los «supuestos» defensores de las personas y los derechos sociales «se hayan convertido en los creadores de un nuevo copago en Servicios Sociales».
En este sentido, la portavoz ha detallado que el nuevo copago afectará a los usuarios del servicio de ayuda a domicilio, anteriormente gratuito.
«Con esta nueva ordenanza las familias que precisen este servicio deberán asumir hasta un 75 por ciento del coste del mismo. Creemos que es intolerable que en un momento de mejora económica, cuando el Ayuntamiento dispone de más recursos, se penalice a los ciudadanos, especialmente a los más vulnerables», ha manifestado.
Igualmente, la edil ha criticado que el gobierno haya «mentido» durante la comisión de Cuentas y Economía al asegurar que a aquellas familias que ingresen menos de 537 euros no se les aplicará el copago, «cuando la realidad es sí se verán obligadas a contribuir».
«Injusto»
Por su parte, el regidor 'popular' Guillermo Sánchez ha explicado que el servicio de ayuda a domicilio está destinado a personas mayores de 65 años con movilidad reducida, personas con discapacidad superior al 33 por ciento y, excepcionalmente, personas con grado de dependencia reconocido, lo que a su juicio «hace especialmente injusto este copago».
Así, Sánchez ha afirmado que «la introducción del copago en el servicio de ayuda a domicilio provocará que las familias más desfavorecidas no puedan asumir ese pago y tengan que renunciar a esta atención», lo que para el regidor supondrá que «sólo las familias más pudientes puedan acceder a estas prestaciones».
Finalmente, los regidores del Partido Popular también han denunciado el incremento del coste máximo del servicio de promoción de la autonomía personal, que pasa de 76 euros a 231 euros, lo que supondrá «otra nueva carga para los ciudadanos de Palma.