El Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional ha terminado ya su informe sobre los contratos que recibió el jefe de campaña de MÉS, Jaume Garau. La Policía Nacional interviene en el marco de las diligencias previas abiertas por la Fiscalía de Balears tras conocerse los distintos contratos que habían recibido empresas de Garau por distintos trabajos, de consultoría en su mayor parte. Estas diligencias se abrieron el pasado mes de abril y el ministerio público cuenta con un plazo de seis meses que expira en octubre para decidir si las archiva al entender que no existe delito o las lleva a un juzgado para ampliar la investigación ante la existencia de indicios de algún ilícito.
La policía no emite una valoración concluyente. En el informe se recopilan los contratos firmados por Garau con distintas administraciones bajo control de la formación para la que trabajó y se analiza cómo se tramitaron éstos. Los agentes aprecian anomalías como fragmentación de contratos o la presencia de más de una empresa del mismo administrador en un concurso que no era necesario por la cuantía económica que se adjudicaba. Además constatan como patrón que estas prácticas se habían intensificado antes de la crisis que llevó a la dimisión de la consellera de Transparència Ruth Mateu por haber supuestamente fraccionado adjudicaciones. Tras esa renuncia y la constatación de que la cifra total estaba en torno a los 150.000 euros, el fiscal jefe, Bartomeu Barceló, ordenó llevar a cabo una investigación para aclarar posibles responsabilidades penales y designó al frente de la misma a los fiscales Juan Carrau y Ana Lamas.
Jaume Garau, por su parte, ha remitido también numerosa documentación sobre los contratos a la Fiscalía para acreditar que, en todos los casos, se trata de trabajos que sí se han realizado y que tuvieron utilidad.