El Ajuntament de Palma recurrirá la decisión del juez de suspender el expediente de Cort para la demolición de Sa Feixina, según confirmó ayer el concejal de Cultura, Llorenç Carrió.
Como se recordará el pasado mes de agosto el juzgado contencioso administrativo número 2 comunicó al Consistorio la suspensión del acuerdo de la junta de gobierno del 24 de julio de continuar por vía de urgencia el expediente de demolición del monumento de la Feixina, que había sido impugnado por ARCA.
El plazo para presentar el recurso de apelación finaliza el próximo lunes y los servicios jurídicos municipales trabajan estos días para cerrar la estrategia legal.
El concejal explicó que se ha decidido presentar el recurso «porque seguimos considerando que tenemos toda la legitimidad para poder tomar las medidas que perseguimos desde el principio y por eso volveremos a reclamar al juez que reconsidere su decisión».
El argumento principal del recurso, indicó Carrió, «seguirá siendo que tenemos plena competencia para reordenar el espacio público y que el conjunto de sa Feixina no tiene ningún tipo de protección que justifique la paralización del derribo».
Tras la decisión judicial de suspender el derribo, el Pacte presentó alegaciones en base a que ARCA «no tiene una legitimación activa para impugnar el acuerdo de continuación del expediente».
El Consistorio aseguró en ese momento que «en las alegaciones se justifica la decisión de reprender el procedimiento por vía de urgencia, ya que el expediente estuvo parado durante casi un año». Además, desmintió que con el acuerdo para derribar el monumento al crucero Baleares se vulnere la Llei de Memòria Històrica, como sostiene ARCA.
Pero el juez desestimó las alegaciones del Ajuntament y mantuvo la suspensión del derribo del monumento. Además condenó al Consistorio palmesano a pagar las costas, menos de 100 euros. El magistrado consideró que «no se acredita ni se infiere siquiera de las alegaciones» de Cort que haya una «grave urgencia de demoler el monumento».
El tripartito lamentó la decisión judicial, «sobre todo porque no entra a valorar en profundidad el contenido de las alegaciones formuladas por los servicios jurídicos».