El juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza acogerá el próximo 21 de septiembre el juicio contra Matthias Kühn por la realización de obras en el islote de Tagomago sin la autorización correspondiente según el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB).
La Fiscalía reclama, en su escrito de acusación, dos años de prisión para Künh y otros dos para Guido Hecker, este último como responsable de acometer las obras.
Ambos acusados serán juzgados por un presunto delito contra la ordenación del territorio, contra el medio ambiente y los recursos naturales.
Asimismo, la Fiscalía reclama para Kühn una sanción económica de 10.800 euros (5.400 euros por cada delito) y la inhabilitación de cuatro años para desempeñar su trabajo como promotor. La defensa del empresario la llevará el exfiscal Pedro Horrach.
Para el otro acusado Reclama una multa de 16.200 euros (8.100 por cada delito) y la inhabilitación durante cinco años para ejercer de constructor.
Las obras se llevaron a cabo entre diciembre de 2007 y julio de 2008 y consistieron en la pavimentación de unos 470 metros cuadrados de zonas adyacentes a la vivienda, de los que 40 metros corresponden a la construcción de una rampa de piedra seca junto a la piscina.
El resto, se corresponden a una zona de baldosas dividida en dos niveles, unidos por una escalinata de cinco escalones y a una terraza embaldosada que bordea la parte posterior de la vivienda.
Además, y según el escrito de Fiscalía, también se construyó en la parte trasera de la vivienda principal un camino de piedra y cemento de aproximadamente 1,50 metros de ancho y 20 metros de largo que une esta parte de la vivienda con las construcciones que albergan los aparatos de aire acondicionado.
Asimismo se construyó otro camino empedrado de unos 80 metros de longitud, que une la vivienda con el camino del faro donde antes únicamente existía un cambio de tierra. Además, se aumentó la altura de la edificación destinada a proteger el grupo electrógeno y la construcción, en la zona del puerto del islote, y de una caseta de piedra y cemento en cuyo interior albergaba un motocarro.
El escrito de Fiscalía destaca que las obras no pueden ser legalizadas ya que, según el Plan Territorial de Ibiza (PTI), «sólo se permitirán aquellas obras de conservación, restauración y consolidación de edificios existentes, que no supongan un aumento de volumen».
Además, la acusación pública destaca que los acusados llevaron a cabo, «sin ninguna autorización», movimientos de tierra con la consiguiente extracción y retirada de la cubierta vegetal.
Por último, la Fiscalía denuncia que una de las nuevas construcciones, la de una pasarela de madera que unía la vivienda con la zona denominada s'Olla de Llevant, afectaba a las zonas donde nidifican aves. Esta pasarela culminaba en una plataforma.
La acusación pública insta a demoler las obras realizadas sin licencia, retirar la pasarela y restituir el lugar a su estado anterior bajo la supervisión de servicios técnicos del Ayuntamientos de Santa Eulària y de la Conselleria de Medio Ambiente.