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El Obispado precisa que la Iglesia no es una sociedad con propiedades a su nombre

Listado de los bienes de la iglesia en Baleares.

| Palma |

El Obispado de Mallorca considera que el listado de propiedades de la Iglesia, eso es de bienes inmatriculados a lo largo de los años, es «inexacto» y que lleva «a la confusión». Así se indicó a Ultima Hora desde el departamento de Comunicación del Obispado. «¿Cuando se habla de bienes de la Iglesia, a qué nos estamos refiriendo? No existe una sociedad que sea propietaria, ni la Iglesia ni los obispados de las Islas», explicó una portavoz autorizada después de que, el martes, se difundiera el listado que el Govern ha enviado a los grupos políticos por encargo del Parlament.

El Obispado dice desconocer el número total de inmatriculaciones (según la relación de la Conselleria de Presidència, 208 en todas las Islas y 104 en Mallorca) y asegura que cada parroquia o congregación es titular de sus bienes, y nos las diócesis en su conjunto. Según esta versión, las propiedades del Obispado son mínimas, entre ellas el Palacio Episcopal. También confirmó que las murallas de Artà están a su nombre pero que se muestra abierto a cualquier tipo de colaboración aunque «no conocemos qué criterios se han seguido».

Hay un ejemplo reciente que se recuerda desde el Obispado de Mallorca: la disputa legal sobre la titularidad del convento de Sant Jeroni. De acuerdo a las fuentes consultadas, cada vez que se ha producido alguna inmatriculación ha habido un periodo de audiencias. Las inmatriculaciones, lejos de ser un privilegio son (de acuerdo a la información dada a este diario) la reparación de un hecho discriminatorio.

Sobre la existencia de un «chalé tipo ‘bungalow'» (que así se recoge en la recopilación publicada el martes), la explicación es que «no conocemos el dato exacto pero seguramente no es la única casa a nombre de una parroquia».
El Govern recogió datos de los diferentes registros de la propiedad y ahora la ha remitido a los ayuntamientos y a los consells insulares para que los comprueben con vistas a posteriores reclamaciones, según el mandato del Parlament.

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