Las familias del poblado de Son Banya (Palma) se muestran indignadas por la decisión del Ajuntament de Palma de derribar el poblado. «No nos entra en la cabeza que quieran tirar nuestras casas abajo. ¿Dónde nos vamos? Ustedes pueden ver que aquí los niños están asalvajados. Es como si tu cogieras de África a la gente y los quisieras meter en Palma. ¿Qué harían? Se quedarían todos locos. Por lo mismo que harían con nosotros», afirma Tomás Cortés, portavoz del poblado e hijo del histórico patriarca el tío Kiko.
«Yo le pido al alcalde de Palma, al señor Noguera, que por lo menos tenga humanidad y busque una solución para nosotros. Llevamos mucho tiempo aquí y somos españoles. Los políticos se preocupan más de cuando vienen pateras con extranjeros que de nosotros. No hay derecho. Aquí lo tenemos muy claro, o salimos todos juntos o no sale nadie», afirma Cortés.
Pago de alquiler
Los residentes del poblado expresaron este sábado su intención de alcanzar un acuerdo con el Ajuntament y comprometerse en pagar un alquiler social. «Cuando se creó Son Banya, en aquel tiempo se pagaba 150 pesetas, la luz y el agua. Un tiempo después se dejó de pagar porque el tío Kiko decidió que era injusto porque las casas no eran dignas», concluye Tomás Cortés.
«Yo quisiera dirigirme a los jueces. ¿Por qué las viviendas que nos dieron los franquistas en plena Dictadura ahora vosotros con una democracia nos la quitáis? ¿Por qué las puertas que los franquistas no habían abierto de cara a la sociedad, vosotros con vuestra política de discriminación nos las queréis cerrar? Nos estáis negando la oportunidad de vivir dignamente en nuestras casas. A nosotros nos negáis esa oportunidad, pero a los terroristas o a los mayores corruptos de España no», apunta el el tío Nano.
Durante toda la jornada de del sábado, residentes y visitantes no hablaban de otra cosa. «En mi casa estamos viviendo nueve personas. El 4 de agosto de 1969, el alcalde que había en aquel tiempo nos entregó las llaves de las casas y firmamos un contrato. Ahora, 48 años después nos quieren echar a la calle como a perros. No nos han dicho nada. Hemos recibido una carta en la que nos dicen que el próximo día 5 de octubre, a las doce del mediodía, nos tiran la casa. ¿Hay derecho?», apunta ?La Flora?, una de las históricas residentes del poblado.
El Ajuntament de Palma ha solicitado al juez un aplazamiento de la sentencia de demolición hasta el primer trimestre de 2018. La intención del Pacte es reunirse con las 15 familias (según los gitanos, más de 400 personas afectadas) y realojarlas de forma individualizada en las diferentes barriadas de Palma.