El CCBE, Council of Bars and Law Societies of Europe, la organización que reúne a los colegios de abogados de distintos países de la Unión Europea, ha intevenido para pedir a los letrados británicos que frenen las reclamaciones falsas de turistas a hoteleros españoles por supuestas intoxicaciones alimentarias. La comunicación con los británicos ha surtido efecto y, a su vez, el SRA, la Solicitors Regulation Authority, ha pedido información sobre el fraude y ha advertido a varios despachos ingleses sobre estas falsas demandas.
El decano del Colegio de Abogados de Balears, Martín Aleñar, señala que la intervención europea se produjo a raíz de una petición española y en concreto de la institución de las Islas. Esta es una de las vías que se han seguido para atajar el problema que ya ha desembocado en investigaciones penales en Palma, en detenciones por la Guardia Civil en Alcúdia o en procedimientos civiles con condena en el Reino Unido.
Aleñar explica que la dificultad para actuar de los abogados radicaba en que la mayoría de estas reclamaciones nunca llegaban a juicio. Las quejas falsas eran recopiladas por ‘granjeros de quejas' (claim farmers), empresas especializadas en captar clientes para presentar las reclamaciones, que llegaban a abordar a los turistas en las puertas de los hoteles. La legislación británica, muy protectora con los consumidores, permitía incluso lanzar una reclamación sólo con el ticket de compra de un medicamento digestivo. Estas empresas subcontrataban con abogados que dirigían las reclamaciones hacia los touroperadores que, sin litigar, las admitían porque en los contratos firmados con los hoteleros españoles ya derivaban a éstos los gastos. Los hoteleros además habían aceptado en esos contratos remitirse a los tribunales británicos y no a los españoles, donde es más complicado que prosperen estas reclamaciones.