El Parlament ha aprobado este martes la modificación de la ley de turismo de Baleares que autoriza el alquiler vacacional, en el caso de plurifamiliares, solo cuando se trata de la vivienda habitual y por un máximo de 60 días.
La ley «fija por primera vez un límite máximo de plazas» y establece una moratoria de un año en las autorizaciones de alquiler turístico hasta que los consells insulars y el Ayuntamiento de Palma establezcan las zonas en las que se puede llevar a cabo, incluidas las que afectan a la residencia habitual.
El vicepresidente y conseller de Innovación, Investigación y Turismo, Biel Barceló, ha defendido hoy en un pleno extraordinario esta ley que ha generado debate y polémica entre los grupos políticos y la sociedad balear en general.
Entre los más críticos, Podemos, que ha reclamado la introducción del concepto de «emergencia habitacional» en el centro de Palma e Ibiza, y que el Govern ha considerado innecesario ya que se realizará una zonificación de alquiler turístico.
Ante ello, la formación morada ha votado -junto al PP y Ciudadanos- en contra de la regulación del alquiler vacacional en plurifamiliares, motivo principal de la modificación de la ley turística de 2012, con excepción de la que permite el arriendo turístico en la vivienda habitual por un máximo de 60 días.
PP, PI y Ciudadanos han mantenido su oposición a la mayoría del articulado y el objeto de la ley, ya que consideran que no soluciona la problemática del alquiler vacacional al volverlo demasiado restrictivo.
Por su parte el PSIB, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca han defendido la ley porque regula una actividad que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años y que la normativa anterior discriminaba al ignorarla.
Tras la votación, Barceló ha aclarado que con el voto en contra de Podemos queda autorizado el alquiler vacacional en unifamiliares, adosados, entre medianeras, como permitía hasta ahora la ley aprobada por el PP.
Y solo se autoriza si se trata de la vivienda habitual en el caso de los plurifamiliares, aunque en el resto «tampoco está prohibido», ha señalado el conseller, que ha aludido a un desarrollo reglamentario posterior para su regulación.
Por su parte, la portavoz de Podemos en el Parlament, Laura Camargo, ha destacado que no se permita el alquiler turístico en plurifamiliares en defensa del derecho a la vivienda.
Durante el debate, el vicepresidente ha destacado que la ley tiene dos objetivos principales, que son «establecer un techo real de plazas turísticas, y «poner orden en el denominado alquiler turístico».
Ha detallado que el límite de plazas, que serán las que existen actualmente, vendrá dado por la obligación novedosa de dar de baja una para habilitar una nueva, ya que desde 1999 se incorporó el intercambio de plazas con excepciones, que permitía nuevas sin bajas previas.
«Eso acaba hoy», ha dicho Barceló, al recordar que hasta ahora incluso existía una fórmula «privada» que permitía que por cada plaza suprimida se podían dar dos nuevas de alta, lo que ahora queda eliminado.
La ley introduce medidas de decrecimiento turístico, ya que las plazas nuevas desde la ley de 1999, al darse de baja, no podrán se sustituidas por otras. Con ello, se calcula que en Mallorca desaparecerán unas 100.000, si se da el caso.
La normativa producirá la moratoria de facto de nuevas autorizaciones de comercialización de estancias turísticas en viviendas, que durará como máximo 12 meses.
Este es el tiempo que tendrán los consells insulars y el Ayuntamiento de Palma para zonificar las áreas aptas para el alquiler turístico.
La ley habilita herramientas para que las administraciones competentes en ordenación turística actúen contra la oferta ilegal, que hasta ahora no existían.
En este sentido, queda definido lo que es un canal de comercialización turística y se endurece la normativa contra la actividad clandestina, la oferta ilegal, el intrusismo y la competencia desleal.
Además, se considerará cualquier estancia inferior a un mes como turística, las comunidades de propietarios deberán autorizar el alquiler turístico en propiedades horizontales, y se introducen obligaciones para comercializadoras y plataformas.
En el caso de que propietarios y comercializadoras no hayan presentado su declaración responsable de actividad turística las sanciones serán de entre 20.001 y 40.000 euros.
Las plataformas comercializadoras estarán obligadas a indicar el número de registro del establecimiento, y si no lo hacen, se considerará como oferta ilegal, por lo que podrán ser multadas desde los 40.000 hasta los 400.000 euros.
El conseller ha detallado las enmiendas que se han logrado incorporar a la ley, presentadas por diversas administraciones y entidades, entre ellas, del Ayuntamiento de Palma.
Éstas incluyen una modalidad que permite alquilar la vivienda habitual por un máximo de 60 días, y que un mismo propietario podrá arrendar un máximo de tres casas.
«Así ponemos fin a los grandes tenedores y a la economía especulativa», ha reivindicado Barceló para quien con la ley se quiere que los beneficios que deja el turismo «se redistribuyan el máximo posible entre toda la sociedad».
Durante el debate, el diputado de Podemos Salvador Aguilera ha reclamado la necesidad urgente de poner un límite de plazas, ya que las islas se están convirtiendo «en un gran hotel», mientras «no hay lugar para la gente de aquí» en lo que ya es un «turismo insostenible».
Por ello ha insistido en el concepto de emergencia habitacional y ha criticado que la ley permite comercializar estancias turísticas en suelo rústico.
El diputado de MÉS per Menorca Josep Castells ha defendido que la emergencia habitacional la deben definir los consells insulars, en respuesta a Podemos al que ha acusado de presentar «enmiendas inaplicables» en lo que ha definido como «populismo».
La diputada del PSIB Bel Oliver ha criticado que Podemos no haya definido el concepto de emergencia habitacional que reclama, y ha defendido que su partido es «muy consciente de que hay un problema muy grave de vivienda» al que se quiere poner soluciones, para lo que se requiere de transversalidad de diversas conselleries.
El diputado de MÉS per Menorca Antoni Reus ha insistido en que la ley es clara en el límite de plazas, ya que existe el intercambio.
La diputada Antonia Perelló, del PP, ha discrepado en que la ley sea la única y la mejor regulación que merece el alquiler turístico, y ha criticado que no queda claro un techo máximo de plazas, por lo que, en su opinión, serán «las economías domésticas las que padecerán las consecuencias de la ley».
Para Olga Ballester, de Ciudadanos, esta ley tenía que haber sido «más sencilla, basada en la calidad y la convivencia», ya que será «una tragedia para los ciudadanos de Baleares», que se llevarán de «regalo» una moratoria de un año, hasta que se haga la zonificación, y sanciones de hasta 40.00 euros.
El diputado del PI Josep Meliá ha defendido que el alquiler vacacional debe tener una regulación «realista y posible», que la zonificación la realicen los ayuntamientos, y ha criticado que «el efecto inmediato de la ley es «pura prohibición».
Previo al debate, la asociación Aptur ha entregado a Barceló un manifiesto, firmado por 21 entidades, que defiende el alquiler turístico, vivienda vacacional y arrendamiento de temporada como una «ayuda al desarrollo local de zonas y de pueblos» que, con la oferta de alojamiento tradicional, «nunca habrían tenido la oportunidad de participar de los ingresos generados por el turismo».