El Consell Consultiu alerta de que el anteproyecto de ley de vivienda es inconstitucional en su intento de obligar a los bancos a evitar que desahuciados salgan de sus viviendas. El Govern quiere obligar a las entidades bancarias a alquilar esa vivienda a quienes hayan sido desahuciados, siempre que sea la vivienda habitual, pero el Consultiu considera que se expone a un recurso ante el Tribunal Constitucional.
El Consell Consultiu se reunió este miércoles para emitir el dictamen de una de las leyes estrella de la legislatura, pero salió de la reunión sin que hubiera un texto cerrado. El debate duró más de cuatro horas ante la complejidad del texto y ante las dudas sobre algunos de los puntos más arriesgados de la ley. El dictamen se redactará en una nueva sesión convocada para el viernes, pero entre los asistentes hubo acuerdo en alertar al Govern de que ese medida coercitiva no es legal.
De hecho, el Tribunal Constitucional ya declaró contraria a la Constitución una disposición muy parecida aprobada hace un par de años por el Parlamento andaluz a propuesta del Gobierno de Susana Díaz. Balears la incorpora en su ley y añade que el incumplimiento de esta medida, que ahora pone en duda el Consell Consultiu, es una falta muy grave sancionada con una multa de hasta 90.000 euros. Es la única disposición en la que hay acuerdo sobre su inconstitucionalidad, pero hay otros aspectos sobre los que existen dudas. También hubo un gran debate ante posibilidad de que el Govern expropie a grandes propietarios el uso de las viviendas que lleven dos años vacías.
El dictamen del Consell Consultiu, que quedará cerrado en una próxima reunión, era preceptivo ya que la aprobación de la ley de vivienda viene recogida en el Estatut d'Autonomia.