La nueva ley del alquiler turístico de Baleares prevé multas de hasta 400.000 euros a las plataformas digitales que comercialicen viviendas en Baleares de manera ilegal, es decir, que no dispongan de los correspondientes permisos de la Conselleria de Turismo.
Podemos ha introducido esta modificación con ocasión de la reunión de este miérocles de la Comisión de Turismo, que ha aprobado el dictamen del proyecto de ley modificación de la Ley 8/2012 de Turismo relativa a la comercialización de estancias turísticas en viviendas en Baleares.
La nueva normativa será aprobada presumiblemente en un pleno extraordinario del Parlament balear del próximo martes con los votos de PSOE, MÉS y Podemos.
En un comunicado, el diputado de Podemos Salvador Aguilera ha señalado que su partido no quiere «criminalizar» a las plataformas digitales que promocionan el alquiler vacacional, pero «sí que colaboren y no permitan el alquiler ilegal».
En la nueva ley se introduce la posibilidad de que sean los propios ciudadanos y los turistas quienes denuncien la oferta ilegal, y que se pueda condonar hasta un 80 % la sanción que se imponga si cede temporalmente la vivienda a un plan de alquiler social por un periodo de tres años.
El texto aprobado este miércoles prevé multas de entre 20.000 y 40.000 euros a los propietarios que arrienden las viviendas sin que éstas cuenten con el correspondiente permiso y establece que cada propietario solo pueda arrendar a turistas dos pisos como mucho.
Podemos también ha introducido este miércoles el compromiso de que se destinen más recursos económicos y un número mínimo de inspectores sancionadores en los órganos competentes para perseguir el alquiler ilegal en el archipiélago. En la actualidad el número de inspectores se sitúa en 15.
No ha sido aprobada la iniciativa de Podemos de prohibir el alquiler en zonas declaradas de «emergencia habitacional» como son el centro de Palma y en la isla de Ibiza.
Tanto socialistas como econacionalistas consideran que esto supondría invadir competencias de los consells insulars y de los ayuntamientos y, por tanto, podría ser recurrido ante los tribunales.
Podemos quiere que la ley «proteja el derecho a la vivienda y que no sea un bien de especulación», ha señalado el diputado Salvador Aguilera.
En los próximos días, los tres partidos que apoyan la gestión del Govern analizarán sus diferentes propuestas de cara a la votación final del martes.