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Terraferida carga contra el gobierno insular por el fondo y las formas del desdoblamiento Llucmajor-Campos

En Terraferida califican a los partidos del pacto de 'chaqueteros'. | Joan Socies

| Palma |

La plataforma Terraferida ha atacado duramente al equipo de gobierno del Consell de Mallorca por dar luz verde al proyecto de desdoblamiento de la carretera de Llucmajor a Campos, afirmando que éste «se ha cocinado» a la vieja usanza.

«No ha pasado por exposición pública, aprobándose sin que la ciudadanía haya podido ni siquiera consultarlo. Recordemos que se deberán expropiar cerca de 220 fincas, y sus propietarios no han tenido información ni posibilidades de hacer alegaciones. Además, el proyecto ni siquiera ha pasado por el Pleno del Consell», explican, algo que según su opinión demuestra que «no quieren un debate público sobre un proyecto faraónico que tendrá costes ambientales, económicos y sociales de gran magnitud».

Para este sector, la medida tendrá un fuerte impacto urbanizador y sobre el pequeño comercio de toda la comarca. Además, apuntan que «la siniestralidad de la vía ha caído últimamente en picado tras las mejoras emprendidas por el propio Consell», algo que deshabilita «uno de los argumentos para justificar este proyecto».

«Después de las modificaciones hechas en la carretera por el Consell en 2015, no ha habido más accidentes graves atribuibles al trazado, lo que demuestra que es posible hacer compatible la seguridad sin tener que hacer autopistas y saben cómo hacerlo».

Fraude a la ciudadanía

Asimismo, desde Terraferida lamentan el cambio de postura que evidencian en sectores de MÉS y también de Podemos, explicando que poco antes de las elecciones autonómicas, los econacionalistas tildaba el proyecto de faraónico, «pensado únicamente para beneficiar grandes superficies», según apuntaba su portavoz, Joan Font.

«Quien pagará las consecuencias de este proyecto será el pequeño comercio de las poblaciones afectadas», añadía que «no tiene ninguna viabilidad económica y medioambiental», y que «este proyecto no está incluido dentro del Convenio de Carreteras y, por tanto, será la administración insular quien deberá correr con los gastos. Pero ahora lo apoyan, aunque su coste ha subido de 35 millones a 42».

Finalmente, recuerdan que el programa electoral de MÉS prometía «suprimir las autopistas camufladas de desdoblamiento», y que el PSIB también presentó alegaciones al proyecto precedente por ser desmedido, algo compartido por muchos de miembros de Podemos.

«La decepción, en definitiva, no puede ser mayor: los partidos que se ponían detrás de la pancarta contra las autopistas hace poco tiempo» ahora las apoyan, sentencia.

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