El Govern dará potestad a los ayuntamientos para eliminar ciertos suelos urbanos y clasificarlos directamente como rústico sin tener que pagar indemnización. Lo podrán hacer en casos muy específicos y solo si en un año no se ha regularizado la situación, según recoge la disposición adicional 11 del proyecto de ley de urbanismo, que entró recientemente en el Parlament.
De hecho, lo que hace el Govern es una cosa y la contraria: da herramientas a los ayuntamientos para que desclasifiquen lo que se llama ‘falsos urbanos', pero también les da la posibilidad de que estos solares que no cuentan con todos los servicios dejen atrás la etiqueta de ‘falsos' y pasen a ser considerados urbanos con todos los derechos. Los ‘falsos urbanos' son suelos que tienen la consideración de urbanos pero no tienen los servicios esenciales para ser considerados solares. Existen prácticamente en todos los municipios de la Isla y han sido un foco histórico de problemas urbanísticos y jurídicos.
La ley da un año de margen a los ayuntamientos para que aquellos que estén afectados por la disposición modifiquen su planeamiento general para adaptarlo, pero ese puede ser uno de los problemas, porque no queda claro qué pasará si alguno de los municipios no cumple y deja pasar un año sin hacer nada.