El primer caso de corrupción que afectó a Més, el ‘caso Camí’ sigue vivo en los juzgados. Aunque ya no hay cargos públicos implicados, las pesquisas por las subvenciones que recibió la asociación siguen abiertas y, recientemente, un informe de la Agencia Tributaria ha extendido el territorio de la investigación. Hacienda ha detectado pagos sospechosos a la asociación PAS Amics del Camí por parte de administraciones públicas en Catalunya y en Valencia.
El caso estalló en el año 2013 cuando la Policía Nacional detuvo al delegado de la asociación por apoderarse, presuntamente de uno 60.000 euros de dinero público a través de expedientes de contratación para poner en marcha una serie de rutas de senderismo cultural. El delegado estuvo en prisión preventiva, solicitada por el fiscal Miguel Ángel Subirán y acoradada por la entonces titular del Juzgado de Instrucción 12 de Palma. La causa coincide en fiscal y juzgado con el macrosumario por la corrupción en la Policía Local de Palma. El exceso de carga del juzgado y el retraso en varios informes han provocado que el caso lleve meses ‘dormido’. En la instrucción estuvieron imputados el ahora presidente del Consell y entonces alcalde de Esporles, Miquel Ensenyat y la que era consellera insular Joana Lluïsa Mascaró, que tuvo que dimitir a raíz de su implicación. Más tarde el juzgado sobreseyó la causa para los dos al no apreciar indicios de delito en su actuación.