El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, ha presidido este martes la reunión del Consejo de las Lenguas Oficiales en la Administración General del Estado (AGE), que busca cumplir las exigencias derivadas de la existencia de diversas lenguas oficiales.
Este consejo es el órgano de coordinación entre los distintos departamentos ministeriales en relación con el uso de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas.
Bermúdez de Castro ha expresado a los representantes de los departamentos ministeriales la voluntad del Gobierno de impulsar el funcionamiento de este órgano,
Según ha informado el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, el Consejo de las Lenguas Oficiales, creado en 2007, ha establecido en su reunión de hoy el objetivo de completar y conseguir la plena accesibilidad en lenguas cooficiales de las páginas web de los departamentos ministeriales y organismos públicos de la Administración General del Estado.
Además, ha acordado la elaboración y presentación el 1 de agosto del quinto informe, que corresponde al período 2014-2016, sobre cumplimiento de la Carta Europea de Lenguas regionales y/o minoritarias del Consejo de Europa.
También ha encargado que se elabore un informe sobre el grado de cumplimiento del uso de las lenguas cooficiales en la Administración General del Estado y sus organismos adscritos o vinculados, que será presentado en la próxima reunión.
La reunión de este martes ha decidido además promover la difusión en la sociedad española de los valores del plurilingüismo y reforzar su implantación.
Bermúdez de Castro ha expresado a los representantes de los departamentos ministeriales la voluntad del Gobierno de impulsar el funcionamiento de este órgano, ahora adscrito junto a la Oficina para las Lenguas Oficiales a la Secretaría de Estado para las Administraciones Territoriales, que no se reunía desde 2010.
La reunión marca, ha continuado, el inicio de una nueva etapa de impulso al Consejo de Lenguas Oficiales, con el objetivo de mejorar y garantizar el ejercicio de los derechos lingüísticos de los ciudadanos en su relación con la Administración General del Estado.