La Fiscalía incluye en su escrito de calificación la petición de pena de cuatro años de cárcel para los 82 controladores aéreos imputados por el caos aéreo de 2010. El ministerio público mantiene dos posibilidades de cara al juicio: la principal, la condena a todos los acusados por un delito de abandono del puesto de trabajo al pago de una multa de 30.000 euros y la suspensión de sus funciones durante dos años.
La petición alternativa, por un delito de sedición incorpora además la imposición de la pena de cárcel. Este delito, contemplado en la ley de Navegación Aérea, es el mismo por el que el juez instructor ha cerrado la causa y mantenerlo dentro de las actuaciones llevó a la fiscal encargada del caso a solicitar una junta ya que sus superiores optaban en exclusiva por el delito de abandono de funciones.
La causa está aún pendiente de que resuelva la Audiencia Provincial los recursos que plantearon los controladores contra el auto que cerraba la instrucción.
En la calificación, la fiscal Amparo González mantiene que en medio de la tensión laboral entre el Gobierno y los controladores, los responsables del sindicato USCA en Balears convocaron una asamblea el 2 de diciembre de 2010. En ella ya se habló de «el desenchufe» y esta estrategia se plasmó al día siguiente cuando los controladores comenzaron a abandonar sus puestos de trabajo argumentando problemas médicos. Todo fue, según el escrito, «una pantomima». Así, en los dos días en los que duró el bloqueo, se cancelaron 472 vuelos en los tres aeropuertos de Balears y el espacio aéreo de todo el país quedó cerrado. La normalidad sólo regresó a partir del día 4, cuando el Gobierno decretó el estado de excepción e intervinieron la Guardia Civil y el Ejército, con lo que los controladores volvieron al trabajo.