La dirección general de Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos ha cerrado provisionalmente y suspendido de actividad un Centro de Recepción y Descontaminación de vehículos fuera de uso en Palma por incumplir la normativa, una medida que se ha adoptado por primera vez en Baleares.
La decisión, tomada en el marco de un expediente sancionador por operar sin autorización, supone que se han adoptado por primera vez en las islas medidas cautelares contra un gestor de residuos por incumplimiento de la normativa, ha informado la Dirección General de Educación Ambiental, Calidad Ambiental y Residuos en un comunicado.
El Govern no descarta tener que tomar medidas similares al cierre provisional en otras instalaciones de gestión de residuos, como la llevada a cabo por agentes de Medio Ambiente de Baleares en dicho centro ubicado en el polígono de Son Fuster.
La medida forma parte de la instrucción de un expediente sancionador y se ha establecido después de que los técnicos del Servicio de Residuos y suelos Contaminados inspeccionaran la instalación y constataran que había deficiencias importantes.
El centro, que en 2016 ya fue denunciado por la Guardia Civil y por la Policía Local de Palma por almacenar vehículos parcialmente desmontados en la vía pública, llevaba a cabo la actividad sin la autorización preceptiva y en unas instalaciones que no cumplían la normativa.
Además gestionaba y almacenaba inadecuadamente los residuos, ya que se abandonaban incontroladamente piezas y componentes de vehículos en la calle, y se mezclaban diferentes categorías de residuos peligrosos y no peligrosos.
El cierre temporal y la suspensión de la actividad pretende evitar la continuidad en la infracción, garantizar el restablecimiento de la legalidad ambiental y evitar el perjuicio económico a otras empresas del sector.
Con la clausura provisional, se va más allá de la demanda del restablecimiento del medio y las sanciones que se han impuesto tradicionalmente, a las que se puede sumar en un futuro la utilización de otras herramientas legales, como son las multas, a fin de combatir con más contundencia las infracciones cometidas.
La Dirección General trabaja para agilizar la tramitación de los expedientes sancionadores, especialmente los relacionados con vertidos incontrolados de residuos e incumplimientos normativos por parte de sus gestores.
De 2015 a 2016 el número de expedientes sancionadores abiertos ha aumentado un 187 %, pasando de 24 a 69. En 2017, hasta marzo ya se han incoado 59 expedientes.
En cuanto a las sanciones, el importe total de las impuestas en 2015 fue de 21.002 euros; y en 2016 ascendió a 94.802, lo que representa un aumento del 77,84 %.
Desde la entrada en vigor del nuevo Real Decreto 20/2017, de 20 de enero, sobre los vehículos al final de su vida útil, las instalaciones de gestión de vehículos fuera de uso disponen de seis meses para adaptarse a él.
El Servicio de Residuos y Suelos Contaminados de la Conselleria de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca llevará a cabo actuaciones de vigilancia, inspección y control para garantizar que se cumple esta normativa.