Las áreas de Benestar Social i Drets Socials y Urbanisme, Model de Ciutat i Habitatge Digne del Ayuntamiento de Palma invertirán 800.000 euros en la compra directa de viviendas destinadas a alquiler social, una operación que esperan efectuar este año.
Según ha explicado el Ayuntamiento en una nota de prensa, el objetivo es «afrontar una realidad compleja», la dinámica del mercado inmobiliario «que está causando verdaderos problemas de acceso a la vivienda».
El área de Benestar i Drets Socials ha avanzado que tiene casi terminada la redacción de los pliegues técnicos y administrativos para llevar a cabo la compra directa de viviendas por valor de 500.000 euros.
Por su parte, el área de Model de Ciutat añadiría otros 300.000 euros a esta inversión para llegar a los 800.000 euros en total. Esto permitirá adquirir aproximadamente entre diez y 15 viviendas.
El regidor d'Urbanisme, Model de Ciutat i Habitatge Digne, Antoni Noguera, ha señalado que «las dinámicas turísticas están afectando directamente a los precios de los alquileres».
«Necesitamos soluciones concretas y contundentes para garantizar el acceso a todo el mundo a una vivienda y una planificación que permita una actividad turística sostenible en Palma», ha declarado.
En este sentido, el área de Model de Ciutat i Habitatge Digne ya ha presentado un paquete de medidas que incluye potenciar el trabajo de la Oficina Antidesahucios, la regulación del alquiler turístico y la moratoria de hoteles, la reserva de suelo en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) o la optimización del parque de viviendas municipales.
En esta última medida se incluye el parque de viviendas existente con la rehabilitación de vivienda pública desocupada, «como ya se está haciendo en Camp Redó», así como también la potenciación del programa de Palma Habitada y la compra directa de vivienda destinada al alquiler social.
Por su parte, la regidora de Benestar Social, Mercè Borràs, ha alertado que «la emergencia social se centra en las dificultades de acceder a una vivienda a precios asequibles, una situación que complica más todavía la situación para la mayoría de usuarios de servicios sociales, afectados por la precariedad laboral y la cronificación de la pobreza».
En este sentido, ha recordado que según el estudio de la vivienda se ha experimentado un incremento exponencial del precio de alquiler: en los últimos cuatro años el precio del alquiler de la vivienda en Palma ha crecido un 40 por ciento. Teniendo en cuenta la renta de los hogares, significa «que una familia tiene que invertir como mínimo un 36 por ciento de los ingresos limpios mensuales a pagar el alquiler».
Para los regidores, otra «consecuencia evidente» es el aumento de los expedientes que ha gestionado la Oficina Antidesahucios en cuanto a desahucios por impagos de alquileres: en un año se han disparado un 60 por ciento.
Noguera ha incidido en que por todo ello «se hace necesario que este equipo de gobierno analice bien los datos», «los explique a la ciudadanía», y entre todos tomen «las decisiones correctas para intentar detener una tendencia peligrosa que afecta a la vida de muchas personas y familias que no pueden pagar una vivienda».
«La vivienda es una cuestión de dignidad, es un derecho universal, y tenemos que empezar a actuar como ciudadanos y como gobernantes», ha concluido Noguera.