El STEI-i ha criticado este miércoles el acuerdo firmado la semana pasada entre el Gobierno y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF para mejorar el empleo público que considera «insuficiente» por despreciar los servicios generales y suponer que se continuará «destruyendo empleo».
El sindicato ha manifestado en un comunicado que como el Gobierno está obligado por sentencias europeas y «ha escenificado» un acuerdo para la mejora del empleo público con la oferta de cientos de miles de plazas cuando «es absolutamente insuficiente y supone continuar las políticas que han destruido más de medio millón de puestos de trabajo públicos desde 2011».
El STEI-i asegura que el documento firmado reconoce expresamente que no se incrementará el gasto ni la plantilla, a lo que se añade que hay sectores en los que la tasa de reposición es de sólo un 50 %, de manera que el acuerdo «supone continuar destruyendo empleo y dar cobertura al Gobierno para continuar privatizando el sector público».
La organización sindical insiste en que con el acuerdo se pretende mantener parte del empleo «pero no se dice nada de recuperar los puestos de trabajo perdidos».
Si bien incluye la pretensión de reducir la temporalidad al 8 %, el STEI-i critica que pero no abarca la mayor parte de Servicios Generales y del sector público instrumental.
Entre las carencias del acuerdo, el STEI-i señala la recuperación del poder adquisitivo perdido, la jubilación parcial, la recuperación de derechos y las retribuciones en situación de incapacidad temporal.
El sindicato cree que el acuerdo «deja pasar una oportunidad única para conseguir mejoras laborales que palíen los efectos de los recortes» y reprocha a los sindicatos que «en una coyuntura de debilidad del Gobierno, los firmantes por parte de la partes social deberían y podrían haber exigido más».
El STEI ha reivindicado cuestiones no tenidas en cuenta en el acuerdo como la recuperación del 5 % «hurtado de los sueldos» y del poder adquisitivo perdido estos años y supone que éste continuará un 0,6 % adicional para este año.
No regula la jubilación parcial, no corrige el complemento de baja por incapacidad temporal ni incluye a la mayor parte del sector de Servicios Generales en el plan de consolidación de empleo público.