El teniente de alcalde de Modelo de Ciudad, Urbanismo y Vivienda Digna, Antoni Noguera, ha anunciado que se realizarán más inspecciones y se pondrán más multas a los alquileres turísticos en plurifamiliares durante el periodo de verano.
En este sentido, el regidor ha recordado que este tipo de alquileres «seguirán prohibidos», puesto que «así lo prevé la ley». Igualmente, ha dicho, que una vez la Ley de Turismo esté aprobada por el Parlament, los municipios tendrán el derecho y la obligación de zonificar esta prohibición.
Asimismo, Noguera ha adelantado que la propuesta del área de Modelo de Ciudad respecto a este aspecto, «teniendo en cuenta el problema global de acceso a la vivienda», será apostar por soluciones «restrictivas, globales y contundentes».
El regidor ha presentado este miércoles la Estrategia del Consistorio palmesano para garantizar el acceso a la vivienda digna frente a las dinámicas turísticas y ha expuesto los resultados de un estudio que analiza las dificultades para acceder teniendo en cuenta los datos de incremento del precio de alquiler.
Sube un 40 % el alquiler
Las principales conclusiones de este estudio desvelan que en los últimos cuatro años el precio del alquiler de la vivienda en Palma ha crecido un 40 por ciento. «El coste del alquiler respeto la renta de los hogares nos indica que las familias de Palma tienen que invertir un 36 por ciento de los ingresos limpios mensuales a pagar el alquiler», ha señalado.
No obstante, los datos presentados por el edil no mencionan la caída sufrida por el precio del alquiler durante la crisis ni en que proporción afecta la bajada de sueldos al porcentaje de éste que las familias deben dedicar al pago de la vivienda.
Además, respecto a los alojamientos turísticos, el informe determina que 15 'anfitriones' comercializan el 10 por ciento viviendas turísticos de la ciudad y que en el casco antiguo, siete comercializan el 15 por ciento del viviendas; mientras que el 60 por ciento de los comercializadores alquilan más de dos viviendas.
Por otra parte, los datos muestran que los desahucios por impagos de alquileres se han disparado un 60 por ciento el 2016 respeto el año anterior y que en los últimos cuatro años la evolución del número de plazas en establecimientos turísticos en el Centro Histórico ha aumentado en un 65 por ciento, pasando de 1.857 plazas en 2014 a 2.838 plazas en 2017.
Paquete de medidas
Ante esta situación, el área de Modelo de Ciudad ha propuesto un paquete de medidas para garantizar a corto, medio y largo plazo que todo el mundo pueda acceder a una vivienda asequible. «El acceso a la vivienda es una cuestión de dignidad», ha afirmado Noguera.
Por ello, se potenciará el trabajo de la Oficina Antidesahucios y la colaboración con el área de Bienestar y Derechos Sociales, principalmente en lo que respecta a las ayudas por impagos de alquileres y facturas de servicios básicos.
Igualmente, se mitigarán los fenómenos que aumentan el precio de la vivienda, como es el alquiler turístico, y se desarollarán medidas reguladoras en relación a establecimientos turísticos.
«Estamos elaborando un estudio para valorar cuál es la oferta turística actual, cuál es la que más afecta directamente al acceso a la vivienda y en base a este estudio tomaremos decisiones en relación a las licencias de nuevos establecimientos turísticos», ha manifestado el regidor.
Por otra parte, se optimizará el parque de viviendas existente con la rehabilitación de vivienda pública parada y se potenciará el programa de Palma Habitada. Además, se ampliará el parque de vivienda de alquiler asequible con el objetivo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de pasar del 1 por ciento al 10 por ciento de vivienda pública.
Por su parte, el director general de Urbanismo, Biel Horrach, ha explicado que la dinámica de crecimiento de la economía turística es un fenómeno mundial y ha asegurado que no se puede esperar para tomar decisiones. «Tenemos que actuar y pensar en acciones transversales», ha añadido.
Entre las medidas presentadas por Cort no se ha podido apreciar ninguna que vaya hacia la protección del propietario, uno de los factores que frenan a muchos ciudadanos a la hora de poner sus propiedades en alquiler.