El expresidente del Govern Jaume Matas ha negado haber cometido ningún delito en relación con un patrocinio de 350.000 euros concedido por el Instituto Balear de Turismo (Ibatur) a la empresa de publicidad Nimbus en 2007, que había sido adjudicataria de la publicidad del Mundial de Ciclismo de ese año.
Matas ha presentado escrito de defensa sobre la pieza número 14 del caso Palma Arena en el que niega las acusaciones formuladas en su contra por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular y disiente de sus escritos de acusación.
El juez de Instrucción número 3, José Castro, abrió el pasado febrero juicio oral contra Matas por esa causa, en la que está acusado de presuntos prevaricación y fraude y se enfrenta a una petición de condena de 1 año y 6 meses de cárcel.
También abrió juicio contra el empresario Miguel Romero y el exgerente de Ibatur Raimundo Alabern.
En la causa sobre el contrato de patrocinio para el Mundial de Ciclismo de 2007 la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía de la Comunidad Autónoma de Baleares acusan por los delitos de prevaricación y fraude a Matas y Romero, y piden para cada uno penas de 1 año y medio y 6 meses de cárcel, respectivamente.
El ministerio público no presentó acusación contra Raimundo Alabern, a quien sí considera responsable penalmente la Abogacía balear, que solicita para él una pena sustituible por multa de 900 euros al aplicarle la atenuante de confesión.
La acusación que representa a la Comunidad Autónoma señalaba en su escrito de acusación que Matas mantenía una estrecha relación con la empresa de publicidad Nimbus a la que había encargado varios contratos. Nimbus cobró dinero negro por la campaña electoral de 2007, hechos que ya fueron juzgados y por los que fue condenado en 2015 el exgerente el PP y cuñado de Matas, Fernando Areal.
Además, en enero de 2007 fue adjudicataria del contrato para realizar la campaña de publicidad del Mundial de Ciclismo en pista por 845.549 euros, en virtud del cual debía conseguir patrocinadores.
En marzo de 2007, el gerente de Ibatur, Alabern, fue informado de que, por una instrucción de Presidencia, dicho instituto recibiría una transferencia de 350.000 euros para dárselos a la empresa de publicidad tras no haber conseguido patrocinadores para la campaña del mundial. La empresa presentó una solicitud de patrocinio, que le fue concedida mediante un convenio firmado cinco días después de la petición.
La Abogacía considera que los hechos constituyen un delito de prevaricación y otro de fraude a la administración, calificación en la que coincide la Fiscalía anticorrupción.
En el auto de apertura de juicio, Castro fijó una fianza conjunta de 46.767 euros para los tres acusados.