La Federació d‘Associacions de Veïns de Palma exige la retirada de las 134 cabinas y soportes telefónicos que quedan en las calles de Ciutat. Sin embargo, el Real Decreto 726/2011 lo impide y establece la obligación de que haya una cabina por cada 3.000 habitantes. Telefónica se encarga de realizar su mantenimiento.
El presidente de la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, Joan Forteza, considera que «los ciudadanos somos víctimas de las leyes estatales que frecuentemente impiden a los ayuntamientos poder regular y ordenar las ciudades». En su opinión, «estas leyes tienen por objeto favorecer los intereses económicos particulares de las grandes empresas», que «abren las puertas giratorias y colocan a los políticos en sus consejos de administración».
Por su parte, Telefónica no quiere pronunciarse sobre si es partidaria o no de la retirada de la cabinas. Sin embargo, sí sostiene que «se han convertido en un mobiliario urbano inútil, caro e incluso antiecológico por el desperdicio de recursos que requiere su mantenimiento».
En numerosos países de la Unión Europea ya se han retirado, como Francia, Bélgica, República Checa, Finlandia y Dinamarca; en Italia lo están haciendo ahora y en Alemana no es obligatorio que un operador preste el servicio.