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Macrojuicio del caso Nóos

Horrach asegura que pedirá más pena de cárcel para Urdangarin y Diego Torres

Pedro Horrach, en la plaza de los Patines, de Palma, ante la sede de la Fiscalía de Balears. | Pere Bota

| Palma |

El fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, ha asegurado este viernes en una entrevista en la Cadena SER que las juezas no han acordado mantener la libertad provisional de Iñaki Urdangarin tras su condena por su «situación de privilegio», y ha señalado que le parece una decisión «razonable». Asimismo ha anunciado que propondrá a los fiscales del Tribunal Supremo que recurran la sentencia dictada el viernes pasado y pedirá más pena de cárcel para Urdangarin y su socio, Diego Torres.

«No creo que las magistradas hayan adoptado esta decisión en relación a la situación de privilegio que tiene el señor Urdangarin. No me parece una situación excepcional. La excepcionalidad deriva de los poquísimos casos en que ocurre pero me parece razonable desde el punto de vista de las magistradas, si entienden que no existe riesgo que fuga, que adopten la decisión que han tomado», ha explicado.

Después de que este jueves el tribunal que juzgó el caso desestimara su petición de imponer una medida cautelar de prisión provisional con fianza de 200.000 euros para Iñaki Urdangarin y de 100.000 euros para su exsocio Diego Torres, Horrach ha negado que se haya tratado de forma distinta al marido de la infanta.

Ha explicado que pidió prisión provisional con fianza porque entiende que las circunstancias personales de Urdangarin «rebajan» el riesgo de fuga «pero no lo anulan debido a la gravedad de las condenas», aunque ha añadido que las juezas consideran que ese peligro «está prácticamente descartado» y, en consonancia, dictaron una medida como es la obligación de presentaciones mensuales y retirada de pasaporte en el caso de Torres.

«Desde este punto de vista el auto de la Audiencia es razonable, entendemos que no se trata de ninguna situación anormal porque de hecho en otros casos con penas superiores a las impuestas a Urdangarin y Torres no ha existido una medida cautelar de prisión preventiva, con o sin fianza», ha añadido.

Según Horrach, que se permita a Urdangarin comparecer ante la autoridad en su país de residencia es excepcional solo por poco habitual «pero racional desde el momento que las magistradas entienden que no existe peligro de fuga por el arraigo que tiene en Suiza, personal y familiar», algo que no ve «ilógico o no razonable».

Tampoco le resulta extraño que las juezas no explicaran en el auto cuáles son las circunstancias especiales de Urdangarin y alegaran que son conocidas: «Es cierto que no necesita explicación, estamos ante una persona con una posición social y personal muy conocida debida a la situación por la que ha atravesado».

Horrach ha anunciado que propondrá a los fiscales del Tribunal Supremo que recurran la sentencia dictada el viernes pasado y pedirá más pena de cárcel para Urdangarin y su socio, Diego Torres, por malversación y fraude en documento público y mercantil, además de reclamar penas de cárcel para los cargos públicos valencianos que fueron absueltos a pesar de haber firmado los mismos contratos con el Instituto Nóos que el Govern balear.

El fiscal Anticorrupción entiende que existe un delito de malversación de caudales públicos porque la empresa Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA) se debió someter a la normativa de contratación pública en negocios con terceros, algo que no contempla la sentencia. Ese delito lleva aparejada una pena de cárcel de entre 4 y 8 años.

Se ha referido también a las presiones que reciben al ejercer su trabajo los miembros del ministerio público y ha explicado que, en comunidades pequeñas como Baleares o Murcia, ésta «se intensifica».

«Hay que aprender a vivir con ella», ha dicho Horrach, quien ha admitido que ha recibido amenazas y seguimientos: «Tanto yo, como mi mujer, como mi familia, pero como otros fiscales».

En referencia al caso Nóos ha afirmado que ha trabajado con completa «autonomía» y ha negado conversaciones con el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, o el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

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