Algunos lo tienen claro. Si Xelo Huertas enreda en la Mesa del Parlament y dilata todo el tiempo que pueda la decisión de abandonar la presidencia de la Cámara, podría cometer «prevaricación», es decir, tomar una decisión a sabiendas de que es injusta. Hay otros juristas a los que se les caen las lágrimas ante tal atropello al sentido común y al espíritu de la legalidad y la legitimidad democráticas.
Ahora resulta que ejercer el derecho constitucional a la legítima defensa del cargo que se ostenta (no hay intervención judicial) en nombre del pueblo puede «convertirse» en acto prevaricador, según algunos. ¿Es que la presidencia del Legislativo es una responsabilidad estructuralmente más débil que una hoja al viento, que una caja de fósforos vacía, que una cáscara pisoteada?
«¡Incluso dicen ahora que su legítima defensa puede ser un delito! ¡Si así fuere, vayámonos todos a la selva a cazar myotragus! ¡Amenaza de condena al canto porque una presidenta de institución considera que la norma por la que se la quiere destituir no está clara y exige todas las garantías jurídicas antes de marcharse!», murmuran los que lloran.
Si no nos hallásemos ante una tragedia (el parlament balear somos todos), sería un asunto de chirigota barata y patatera. Los proprevaricacionistas reclaman velocidad de pedrada prehistórica en la ejecución de la 'sentencia' e impedir así que Huertas reclame informes o dictámenes a los letrados de la Cámara y al Consell Consultiu.
¿Es acaso pedirlos un delito porque retrasan su condena sin juicio ni imputación? ¿O, por el contrario, acaso no sería una irresponsabilidad ante la soberanía popular que Xelo abandonase cobardemente el alto puesto que ocupa sin enaltecerlo con su resistencia en su hora más suprema? ¿Es tomar una decisión injusta a sabiendas esperar a que se pronuncien los órganos técnicos competentes?
La quieren guillotinada, ya. Cagando leches.Y rapidito con la pala, que el asunto debe quedar enterrado ipso facto. Tal espectáculo no se había vivido en el pináculo de un sistema de libertades desde los tiempos del Comité de Salud Pública, que manejaba con saña el ciudadano Maximiliano Robespierre.
El fondo es peliagudo porque el famoso artículo 39 C del Reglamento de la Cámara afirma que su presidente cesará «si deja de pertenecer» a su grupo parlamentario. Huertas no ha dejado de «pertenecer», la han expulsado a la brava. No pocos expertos afirman que este artículo es una norma antitransfuguista, tendente a impedir el cambio subjetivo e interesado de color político y subvertir así la voluntad popular.
No es el caso. Es todo lo contrario. Huertas ha votado disciplinadamente con Podemos y, por tanto, es leal a su electorado. Lo mismo puede decirse de la diputada Seijas. No hay parlamento democrático que pueda bendecir una purga interna de un partido sin que medie denuncia o querella aceptada por los tribunales. El Reglamento de una Cámara democrática jamás puede proteger, potenciar, dar carta de naturaleza o consagrar el purguismo. Jamás.Y el tipo penal de la prevaricación, mucho menos.
Huertas se halla en el punto clave de su calvario. Convocará a la Mesa de la Cámara que deberá tratar el asunto, su final, el próximo martes.
Y en esta hora tan oscura, de dudas y temores, de advertencias de que la presidenta del Parlament Balear podría incurrir en delito, seguro que resuenan en la conciencia de muchos hombres y mujeres libres las palabras de George Danton, efigie de la antigua valentía, padre de la Convención Nacional Francesa y de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, guillotinado por Robespierre en 1794. Seguro que su voz inmortal, tenue y lejana como una estrella inmutable,le susurra al oído a Xelo Huertas su deber inalienable de resistir : «Hay que atreverse, atreverse otra vez y seguir atreviéndose. Audacia, más audacia, siempre audacia. Después del pan, la formación y la educación son la primera necesidad de la gente».