La acusación particular en la causa que investiga una supuesta trama de corrupción urdida en el seno de la Policía Local en forma de extorsiones a empresarios con la connivencia de altos cargos políticos, ha solicitado que las diligencias sean declaradas complejas y, por tanto, su instrucción sea ampliada hasta un plazo máximo de 18 meses.
Mediante un escrito, la acusación, ejercida por un policía local denunciante de los hechos, efectúa esta petición conforme al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que establece seis meses de plazo máximo para instruir causas simples y 18 para la investigación de los procedimientos complejos.
La declaración de complejidad debe ser solicitada por el Ministerio Fiscal o por el resto de acusaciones en cualquier momento antes de la expiración del plazo general de los seis meses. La Ley señala que la investigación será compleja cuando recaiga sobre grupos u organizaciones criminales; tenga por objeto numerosos hechos punibles; involucre a gran cantidad de investigados o víctimas o exija la realización de pericias o colaboraciones que impliquen el examen de abundante documentación o complicados análisis.
Tras incorporar la solicitud a la causa, el juez instructor, Manuel Penalva, ha dado dos días a las partes para que aleguen lo que estimen oportuno.
La acusación, representada por el letrado Francisco José Pérez, ya pidió, al igual que lo hizo Anticorrupción, que fuesen declaradas complejas las investigaciones en torno al presunto amaño en las oposiciones a oficial llevadas a cabo en 2012 en la Policía Local de Palma y que llevó a la Guardia Civil, a instancias del Ministerio Público y por orden del juez José Castro, que se encontraba de guardia, a registrar en septiembre de 2013 las dependencias del cuerpo.