La investigación sobre quién financió la sede del PP en Palma será archivada. A la petición de archivo formulada hace unas semanas por la Fiscalía se suma la inhibición de la otra acusación: la Abogacía de la Comunitat, que entiende que no tiene legitimidad para actuar en esta causa ya que no se investiga un delito que haya dañado a las cuentas de la comunidad autónoma y, por lo tanto, entiende que no tiene margen para actuar como víctima.
Así, al no haber ninguna acusación presente, el magistrado, José Castro, tendrá que dictar auto de archivo en la pieza 28 del ‘caso Palma Arena'.
La investigación sobre la sede de los ‘populares' arrancó después de una declaración del exedil de Cort, Javier Rodrigo de Santos, condenado por malversación y por abusos sexuales. En una declaración afirmó que detrás de la compra había estado el empresario Antonio Pinal, responsable de la empresa Bruesa, quien tenía interés en la posible venta del cuartel de Son Busquets.