La Audiencia Provincial de Palma ha absuelto a una funcionaria del municipio de Artà acusada de apropiarse, entre 2007 y 2011, de hasta 65.080 euros de las multas que imponía el Ajuntament en materia urbanística -cantidad que el propio Consistorio rebajaba a unos 33.000-, después de que el jurado popular declarase no culpable a la encausada al considerar que no ha quedado probado que se quedara con los fondos.
En su sentencia, el magistrado que presidió el juicio celebrado la semana pasada señala que, pese a las necesidades de tesorería de la corporación, «ningún control ni verificación» se llevó a cabo desde la tesorería a la labor recaudadora y de custodia que realizaba la acusada.
Atendiendo a las conclusiones del jurado que durante la semana pasada se encargó de juzgar a la acusada, el magistrado rebate el argumento del Ajuntament -personado como acusación particular- de que el Consistorio sólo conocía que los pagos se habían efectuado una vez la funcionaria ingresaba en el banco el dinero cobrado de las infracciones.
«Ello no es del todo exacto», responde el magistrado, Diego Gómez Reino: «Sí que es cierto que el control contable de esos pagos sólo se realizaba una vez se constataba el ingreso bancario, pero no es verdad que el Ayuntamiento ignorase -sí los políticos, tal vez, pero no los funcionarios (el tesorero y la secretaria), así como otros compañeros de trabajo de la acusada- que ésta cobraba en metálico y que entregaba facturas para justificar estos pagos».
En concreto, la funcionaria, auxiliar administrativa, era la encargada de tramitar los expedientes de infracción urbanística y entre sus funciones se encontraba la de cobrar los importes de las multas impuestas. Tras ello, la acusada debía ingresar el dinero en el banco, en la cuenta corriente del Consistorio.
La inculpada manifestó que «trabajaba a salto de mata» y que a veces llevaba «un volumen tan grande de trabajo que guardaba el dinero en el cajón» y ordenaba a un compañero que «lo ingresara». En esta línea, insistió en que, entre otros numerosos asuntos, se encargaba de los contenciosos del ayuntamiento, la agenda de los técnicos y de estar pendiente de las ordenanzas municipales.
La defensa de la acusada, ejercida por el abogado Jaime Campaner, solicitaba la libre absolución de su patrocinada al alegar que no cometió delito alguno y aseverar que si se cometió, ella no es la autora. «Las cosas son las que son, no las que queramos que sean, y verdad sólo hay una», llegó a manifestar el letrado durante la vista oral.
Durante la lectura del veredicto, el jurado manifestó que no ha quedado probado que las cantidades que no fueron ingresadas en el ayuntamiento se las quedara la funcionaria, momento en el que ésta rompió a llorar, abrazándose a su letrado.
De hecho, los miembros del jurado determinaron que era tal el «descontrol» que había en el consistorio artanenc que en el caso de los sobres con dinero localizados en un archivador en la mesa de la acusada, no ha quedado demostrado que los pusiera ella para quedarse con los fondos. «No podemos asegurar la culpabilidad de la acusada», sentenciaron.