Proposta per les Illes (el PI) ha criticado que el gobierno del Consell de Mallorca «actúa a remolque de la oposición» y, después de que ellos hayan registrado una moción para el próximo pleno sobre el Plan Director Sectorial de Comercio, el ejecutivo ha empezado las reuniones con el equipo que lo redactará.
El PI ha asegurado en un comunicado que este hecho pone de manifiesto que el equipo de gobierno del Consell de Mallorca actúa a partir de las iniciativas que presentan los consellers de su grupo, y no es la primera vez que sucede.
Los consellers del PI han recordado que apoyaron la norma territorial cautelar relativa a comercio y consideran importante «que se dé seguridad jurídica al sector comercial, desde el consenso y el diálogo con todas y cada una de las asociaciones».
Han señalado que si el comercio fue en otro tiempo el tejido económico más importante de la isla, «desgraciadamente a día de hoy se encuentra casi desmantelado por completo».
Según el PI, cuidar del comercio local debe ser una de las prioridades de las instituciones de las islas, ante la necesidad de mantener un equilibrio entre las múltiples ofertas comerciales que conviven en el territorio, en pro de la sostenibilidad económica, social y urbanística.
Uno de los mecanismos a través del cual se instrumentaliza este equilibrio es el establecimiento de un régimen de horarios.
Dado que con la aprobación inicial de la norma cautelar, previa al Plan Director Sectorial de equipamientos comerciales, queda patente la intención del gobierno del Consell de Mallorca de proteger el pequeño y mediano comercio, desde El Pi reclaman que esta apuesta se afiance «vistos los últimos acontecimientos sucedidos en Mallorca».
El PI reclamará en el próximo pleno la elaboración y estudios del futuro Plan Director Sectorial de Equipamientos Comerciales y, que éste tenga especialmente en cuenta las consecuencias de la apertura en domingos y festivos de los grandes establecimientos comerciales.
Tras los problemas de tráfico originados tras la reciente apertura de una gran superficie, también pedirán que para instalar grandes establecimientos comerciales, las previsiones de los planes urbanísticos y las autorizaciones administrativas municipales tengan en cuenta las consecuencias sobre las infraestructuras públicas para que se puedan establecer medidas correctoras adecuadas.