Sesenta y seis entidades sociales, económicas y culturales, lideradas por el Cercle d'Economia de Mallorca, han presentado este lunes en el Parlament un manifiesto en el que exigen con urgencia un nuevo sistema de financiación que acabe con el trato injusto que ha sufrido siempre Balears.
El documento conjunto, dado a conocer en un acto al que han asistido la presidenta del Parlament, Xelo Huertas, y el vicepresidente del Govern, Biel Barceló, resalta que el modelo de reparto de recursos entre comunidades «es un elemento de inestabilidad política y de frustración para los ciudadanos».
Entre las entidades adheridas al manifiesto promovido el Cercle d'Economia mallorquín están los principales sindicatos y patronales, la Cámara de Comercio, numerosos colegios profesionales, asociaciones de consumidores, de personas dependientes, de padres de alumnos, Cruz Roja, Cáritas, el Gob, la Obra Cultural Balear y la Universidad de Balears.
El manifiesto señala que desde que se creó el Estado de las Autonomías «el trato que se ha dado a Balears en materia de financiación ha sido claramente deficiente», pese a que la reforma del sistema de 2009 «aportó mejoras considerables».
«Las Illes Balears son una de las mayores aportantes a la solidaridad interterritorial, principio que no se cuestiona. No parece justo que comunidades con una capacidad de recaudación inferior a la nuestra acaben recibiendo recursos en algún caso hasta un 30 % por encima de la media», indican los firmantes.
Abogan por establecer «una cesta común de servicios básicos para todos los españoles» que permita superar un sistema «de ganadores y perdedores» en el que las regiones con mayor capacidad fiscal perciben menos recursos que los que menos aportan.
«La distribución de recursos del sistema actual resulta arbitraria», por lo que resulta una demanda social que se modifique el sistema para evitar que «los mecanismos de nivelación no alteren la posición de Balears en la percepción de recursos per cápita, inciden las entidades.
Su propuesta es la creación «de un fondo único para pagar el estado del bienestar, para pagar los servicios mínimos comunes a todos los españoles», «más allá» de los cuales «cada comunidad tendría que debatir que servicios adicionales quieren sus ciudadanos y sus dirigentes asumir el coste político por su financiación».
Respecto al déficit de inversiones estatales, la plataforma subraya que «en la última década» Balears ha sido la región con menos inversión per cápita, excepto un año en que fue la penúltima, algo que considera injustificable.
Reclama además el manifiesto el desarrollo de un Régimen Especial que compense las desventajas competitivas de la insularidad. «No es ningún privilegio, sino un mecanismo habitual en la Unión Europea», incide.
Finalmente, las entidades atribuyen a la «infrafinanciación crónica de las competencias transferidas, la falta de equidad vertical del sistema y la falta de financiación de las inversiones» el crecimiento continuado de la deuda pública de Balears, que ronda los 9.000 millones de euros.
«Solicitamos que la parte de la deuda de la Comunidad provocada por la infrafinanciación el Estado del Bienestar y de la inversión públicas sea asumida por el Estado a cambio de compromisos efectivos por parte de la Comunidad Autónoma en el control del déficit público», plantean.