El Govern ha pedido a la Abogacía de la comunidad que estudie volver a personarse como acusación contra el expresidente autonómico Jaume Matas en la pieza del caso Palma Arena conocida como caso Ópera, un procedimiento del que había pedido el archivo por no apreciar indicios de delito.
La portavoz y consellera de Presidencia, Pilar Costa, de la que depende orgánicamente la Abogacía, ha instado al departamento legal a analizar la posibilidad de reconsiderar su postura «si ve el más mínimo indicio».
El desestimiento de la Abogacía de acusar a Matas en el caso Ópera y en el referido a la adquisición del llamado «palacete» del expresidente generó una polémica política que derivó en la destitución del director general del departamento jurídico de la administración autonómica, Lluís Segura.
Costa ha solicitado a la Abogacía que reconsidere su posición toda vez que la Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito de acusación en el que pide 1 año y 3 meses de prisión para Matas al entender que incurrió en los delitos de tráfico de influencias y prevaricación en la contratación del arquitecto Santiago Calatrava para diseñar un proyecto de palacio de la ópera en Palma.
«Hemos pedido inmediatamente a la Abogacía que se estudie este escrito del Ministerio Fiscal, dado que ha habido otra interpretación jurídica», y se plantee «adherirse» a la acusación de la Fiscalía, ha indicado.
La portavoz ha asegurado que el Govern es respetuoso con «las interpretaciones técnicas» de los juristas de la administración, «pero desde un punto de vista político» apuesta por «llegar hasta el final en todos los casos de corrupción».
Su propósito es intentar «que los responsables paguen desde el punto de vista penal» y «recuperar el dinero público que se malversó» con el fin de «pasar página» tras los numerosos escándalos de corrupción que han marcado la política balear.
Por otro lado, Costa ha indicado que aún no ha decidido quién sustituirá al destituido Lluís Segura como director general de la Abogacía de la comunidad y ha recordado que ese cargo solo puede ser ocupado por letrados de la administración autonómica y central.