El fiscal anticorrupción Pedro Horrach pide cuatro años de cárcel para el expresidente del Govern Jaume Matas por auspiciar la adjudicación presuntamente irregular de las obras del Palma Arena, inicialmente presupuestadas en 48 millones de euros y cuyo sobrecoste ascendió a mas de 100 millones.
El fiscal ha presentado así su escrito de acusación por la pieza numero 8 del caso Palma Arena, en el que acusa a Matas de haber incurrido en delitos de fraude a la administración y prevaricación.
Del mismo modo, le reclama otros dos años de prisión por los mismos delitos por la contratación presuntamente irregular de dos de los arquitectos que se hicieron cargo de los trabajos de construcción de esta infraestructura, Luis y Jaime García Ruiz.
La maqueta del Palma Arena a juicio
Horrach reclama un año de cárcel para el administrador de la empresa de comunicación Nimbus, Miquel Romero, y seis meses para el autor de la maqueta del velódromo Palma Arena, Ezequiel Mora, a raíz del sobrecoste de la misma: su presupuesto inicial fue de 31.320 euros si bien el Govern acabó abonando por los trabajos un total de 66.120 euros sin que conste ningún tipo de justificación.
El fiscal solicita además que Romero indemnice a la Comunidad Autónoma con los 30.000 euros que supuso el sobreprecio del encargo.
En concreto, sobre Romero pesan un delito de malversación de caudales públicos y otro de falsedad documental, este último también atribuido a Mora. Cada uno deberá pagar asimismo 1.800 euros en multas.
El fiscal precisa en su escrito cómo el propietario de Nimbus abonó al maquetista una factura de 31.320 euros, cantidad que repercutió, junto a otros 34.800 euros, a los honorarios que los arquitectos del velódromo habían cobrado del Govern.
Tal y como señala Horrach, iniciada la construcción de la considerada infraestructura 'estrella' de la última legislatura de Jaume Matas, Romero encargó a Mora, administrador de la entidad Maquetismo SL, una maqueta de lo que aquélla debería ser, presupuestándose entonces los servicios entre 24.000 y 27.000 euros.
Unas cantidades en las que se incluían los viajes preparatorios a la ejecución del proyecto, reuniones con personal técnico y el traslado final de la maqueta desde Alicante -donde estaba residenciada la empresa de maquetación- a Palma, así como sus gastos de manutención y alojamiento.
Ultimado el encargo, la mercantil libró una factura final por 31.320 euros que fue satisfecha por Nimbus para luego, a través de una de las entidades de su grupo empresarial, repercutirla a GR1 SL, integrada por los arquitectos Luis y Jaime García Ruiz, encargados de las obras del velódromo, con cargo a los 3,2 millones de euros públicos que ambos recibieron del Consorcio para la Construcción del Velódromo.
La factura fue por tanto repercutida a esta mercantil y abonada por ésta, pero no por la cantidad que había sido abonada al maquetista, sino por la de 57.000 euros más IVA, que ascendía en total a 66.120 euros.
De forma paralela, el administrador de Nimbus solicitó a Mora que librase una factura simulada a la agencia de publicidad por una cantidad próxima a los 8.391 euros por el concepto de transporte de la maqueta desde Alicante a la capital balear, a pesar de que tales servicios ya estaban comprendidos en la facturación de la propia maqueta.
El proveedor, «consciente de la inexistencia del servicio», accedió a ello librando una nueva factura por 8.391 euros que Romero acabó repercutiendo a GR1 SL, entidad que abonó el dinero con cargo a los fondos públicos.