La Plataforma de Afectados por las Hipotecas, PAH Mallorca, ha criticado este martes «la falta de medidas efectivas» para las personas sin vivienda durante esta legislatura y ha pedido la dimisión de la directora del IBAVI, Maria Antònia Garcias, «por falta de sensibilidad».
La PAH ha entregado este martes un documento sobre la carencia de soluciones ante la situación de emergencia social de la vivienda en Baleares a los grupos políticos en el Parlament, a cuyas puertas han protestado en el inicio del curso legislativo.
La organización social pide soluciones urgentes ante diez carencias que observa de la situación de la vivienda en las islas, entre ellas la dimisión de la directora del Instituto Balear de la Vivienda «por su falta de sensibilidad hacia el sufrimiento de las personas que han pedido una vivienda en la institución que dirige».
«Les ha contestado con un número en una lista de espera más allá de la fecha en la que estaba previsto el desahucio», explica la PAH en el documento.
La plataforma apunta que ha observado «durante esta legislatura la falta de medidas efectivas para las personas que se encuentran en una situación de riesgo social por falta de vivienda, que se ha visto agravada por el surgimiento del alquiler vacacional que ha hecho aumentar los precios de las vivienda del mercado libre y cifras imposibles de asumir».
No solo las familias en exclusión social ven limitadas sus posibilidades de acceso a las viviendas sino también «personas con trabajos estables y contratos indefinidos desde hace años», así como su movilidad, añade.
Si bien la redacción de la nueva ley balear «es un paso importante de cara al futuro», la PAH considera que mientras se tramita «no supone una solución» para quienes se han quedado en la calle el último año.
En concreto, la organización echa en falta «medidas proactivas de lucha contra los desahucios y de garantía del derecho a una vivienda digna, así como medidas de emergencia para la gente que se queda en la calle sin una alternativa habitacional digna».
Critica además que instituciones públicas como el IBAVI y las privadas mantengan cerradas viviendas vacías, lo que impide su uso social.
Detalla que la falta sostenida en los últimos años de soluciones habitacionales ha obligado a muchas personas a ocupar las viviendas vacías, lo que ha sido criminalizado por parte de las instituciones, que ahora les deniega el derecho a una vivienda social.
Entre las carencias que encuentra la PAH por parte de la Administración autonómica están la falta de un protocolo hacia los desahucios para todos los municipios de las islas, la de viviendas de alquileres sociales con rentas que superen el 30 % de los ingresos familiares.
Además, carencia de vivienda para casos de emergencia habitacional para personas y familias que no pueden acceder a una en el mercado libre y tengan un desahucio previsto antes de que la administración les pueda ofrecer una alternativa.
La PAH solicita también eliminar los protocolos para acceder a una vivienda pública y social para personas de «buena fe» que han ocupado casas anteriormente por falta de recursos, así como soluciones a los elevados precios en el mercado libre del alquiler.