La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, Ana San José, ha dado un plazo de treinta días para presentar sus escritos de defensa a los trece acusados del conocido como caso Peaje, entre quienes se encuentran el exvicepresidente del Consell de Mallorca Antoni Pascual y otros exaltos cargos de Unió Mallorquina (UM), por haber causado un presunto perjuicio de hasta 41,9 millones de euros a la Institución insular durante la ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor.
Así consta en una providencia en la que la jueza les emplaza así a dar a conocer sus alegatos contra las acusaciones vertidas sobre ellos por la Fiscalía Anticorrupción, que reclama un total de 154 años de cárcel y 730.000 euros en multas para los encausados.
Impulsado a principios de 2009, se trata de uno de los principales casos que afectan a la extinta formación regionalista cuando ésta estaba al frente del Consell, con Maria Antònia Munar como presidenta. Sobre los inculpados, quienes serán juzgados por un jurado popular, pesan delitos continuados de malversación, cohecho pasivo y activo, fraude a la administración y falsedad documental.
El Ministerio Público solicita además que la empresa Pamasa, que en junio de 2004 suscribió con la Administración el contrato para la ejecución de las obras en la C-715, así como la UTE con la que ésta subcontrató los trabajos de construcción, conservación y explotación de la carretera, que hagan frente al pago de los 42 millones supuestamente desviados. Del mismo modo, reclama el decomiso de un millón de euros que, en total, varios de los procesados habrían cobrado en forma de soborno.
En concreto, entre los acusados se encuentran, además de Pascual, quien se enfrenta a una petición de 13 años y medio de prisión, el exdirector de Carreteras Gonzalo Aguiar -15 años y cuatro meses-, el exdirector de Obra por parte del Consell Francisco Orejudo -otros 15 años de cárcel-, y varios de los responsables e integrantes de la UTE encargada del proyecto, considerada la infraestructura estrella del mandato de UM al frente de la Institución entre los años 2003 y 2007.
En su escrito de calificación, al que tuvo acceso Europa Press, la Fiscalía postula cómo, después de que el Consell contratase a Pamasa para llevar a cabo los trabajos de desdoblamiento -habiendo sido constituida un mes antes-, los exaltos cargos se prevalieron de su posición en la Administración así como del control directo sobre las obras que se iban ejecutando y sobre el presupuesto destinado a las mismas para llevar a cabo las supuestas irregularidades.
Es más, la Fiscalía sostienen que los encausados se apoderaron de los fondos del Consell al llevar a cabo obras de reforma en sus domicilios utilizando para ello empresas de la UTE que facturaban a ésta los trabajos particulares; exigieron comisiones a cuenta de los gastos de parte de las obras, y posibilitaron que no se cumpliera lo exigido en los pliegos del concurso hasta provocar, presuntamente, un perjuicio de 41,9 millones de euros que redundó en el beneficio económico de los exaltos cargos y de la empresa adjudicataria.
Entre los gastos cargados al Consell se encuentran los 699.087 euros que costaron las obras de una edificación levantada en el municipio de Búger, que según las investigaciones es un chalet levantado con fondos públicos a pesar de que varios imputados defienden que se trata de un templo chino construido con donaciones privadas.
De hecho, Francisco Orejudo y otros encausados aseguraron en el marco de esta causa que este templo de meditación fue construido gracias a las donaciones de los socios de la entidad de filosofía china Pachi Tanglang -a la que pertenecen-. Unas justificaciones que la jueza que se encargó de instruir la causa calificó de «surrealistas» como lo son, añadía, las declaraciones de los testigos que «dicen haber aportado fondos, algunos desde Taiwán, para construir el templo a fin de que descanse en él un maestro de la organización».
«Además, añaden otra justificación igual de increíble como es que se iba a donar la casa a la asociación, aunque no el terreno» -perteneciente a la mujer de Orejudo, también imputada-, subrayaba la magistrada.
Defensas
Frente a todo ello, los abogados de los procesados en el marco de esta causa, cuya operación policial se saldó en marzo de 2009 con la detención de un total de 16 personas, niegan que se produjese un desvío de fondos públicos a fines particulares y que el supuesto desfase repercutiese en las arcas del Consell, al defender que la adjudicación de los trabajos recayó en manos de la empresa Pamasa y fue posteriormente cuando esta sociedad subcontrató las obras a la UTE.
En concreto, la UTE Desdoblamiento C-715 estaba integrada por las empresas Melchor Mascaró, Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN, Aglomsa, Itinere Infraestructuras, MAB y Sacyr.