El Govern balear elaborará los presupuestos de la comunidad para 2017 que serán «prudentes» en cifras de ingresos y gastos, según la portavoz Pilar Costa, y que tendrán en cuenta el aumento del límite de déficit hasta el 0,5 % que acordaron las comunidades con el Ministerio de Hacienda el pasado abril.
Tras la reunión con los portavoces de todos los grupos parlamentarios que la presidenta del Govern, Francina Armengol, había convocado este lunes en el Consolat de Mar para abordar las trabas del Gobierno central a la elaboración de los presupuestos, Costa ha asegurado que el ejecutivo los elaborará, independientemente de si el Gobierno central prorroga los estatales. El Govern presentará el presupuesto para el 2017 en el Parlament «en tiempo y forma».
El proyecto de presupuestos de la comunidad para 2017 será «prudente en cuanto a cifras de ingresos y de gastos pero teniendo en cuenta la senda de déficit que se aprobó en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde se estableció un 0,5 % frente al 0,1 % que últimamente se decía por parte del Gobierno».
Costa ha detallado que la diferencia entre uno y otro porcentaje son 120 millones de euros.
Además, a falta de conocer la previsión de Hacienda de los recursos que corresponden a Baleares de la liquidación definitiva del sistema de financiación autonómica de 2015, el Govern también hará una estimación «con una cifra prudente pero que irá al alza porque el ciclo económico ha mejorado y se verá reflejado en el presupuesto».
La portavoz del Govern ha agradecido la actitud de los representantes de los siete grupos parlamentarios en la reunión y ha destacado que harán «frente común político y social ante el Gobierno de España para que cuanto antes se decida y se ratifique esta senda del déficit del 0,5 %».
Según Costa, todos los grupos parlamentarios coinciden además con el Govern en que el presupuesto deberá incluir una partida de inversiones para infraestructuras hidráulicas que son «una inversión que nadie discute». Además pueden derivarse otras de los ingresos por el impuesto de turismo sostenible.
Otra coincidencia que une a todos es que reclamarán unidos una mejora del sistema de financiación autonómica y un nuevo régimen especial (REB) para las islas.
La portavoz ha indicado que algunos de los grupos parlamentarios son partidarios de llevar al Gobierno central a los tribunales, una posibilidad que ha dicho que el ejecutivo no descarta, si bien es partidario de «agotar la vía negociadora» primero.
Una cuestión distinta sobre la que se busca el acuerdo de todos los grupos es la aprobación de un pacto social contra la violencia machista en el que ya trabaja el Instituto de la Mujer.
El portavoz socialista, Andreu Alcover, ha calificado la reunión de provechosa y considera positivo que el Govern quiera partir de una base de consenso para elaborar los presupuestos. Además, Alcover ha anunciado, tal y como ha avanzado la presidenta a todos los grupos durante el encuentro, que el Debate de Política General de la Comunidad Autónoma será el próximo martes, día 20 de septiembre.
Marga Prohens ha señalado que el grupo popular, con «altura de miras» y ante la situación de bloqueo político sin precedentes hará «frente común con el Govern para reclamar un nuevo sistema de financiación y un REB» pero se opone a la confrontación con el Govern para pedir una reunión urgente del CPFF o la comparecencia de Montoro.
A la espera de conocer el detalle del proyecto de presupuestos del Govern, Prohens ha dicho que al PP le tranquiliza que se hagan con prudencia y cogiendo como referencia los de 2016.
Podemos respalda «la mayoría de los argumentos» del Govern, ha dicho Alberto Jarabo, si bien discrepa en que se dé prioridad a infraestructuras en vez de gasto social.
Además considera que el Govern debe ser más contundente, firme y valiente en la defensa de los intereses de la comunidad y ha reclamado que elabore una auditoría de la deuda de la comunidad, que considera inasumible e ilegítima, y que use la cifra «para negociar de manera más firme con el Gobierno en funciones».
Pide los 1.200 millones de inversiones estatutarias y critica los intereses de 17 millones de euros al mes que paga el Govern por deuda «generada principalmente por el PP» en cuestiones como los sobrecostes de 141 millones de euros en las autopistas de Ibiza, 450 en Son Espases y más de 62 en el Palma Arena.
MÉS per Mallorca considera sensato que el Govern aplique el incremento del límite de déficit acordado en el CPFF pero pide al ejecutivo «un frente judicial» contra el Gobierno central por el impago de 80 millones del convenio de carreteras y 1.200 de inversiones estatutarias, así como poder negociar la deuda histórica con la comunidad autónoma.
El portavoz de Proposta per les Illes (el PI), Jaume Font, calcula que a Baleares le faltan entre 140 y 180 millones de presupuesto para poder mantener los servicios que se han dado en 2016, cifra que «puede poner en peligro la estabilidad de dar salud educación, infraestructuras y medio ambiente» y requiere ser rigurosos al elaborar las cuentas.
Font ha insistido en la necesidad de «ir al juzgado» porque considera «una vergüenza» hayan dejado de pagarse los 80 millones del convenio de carreteras. «¿Tenemos un presupuestos de 4.000 millones y tenemos que pasar pena siendo los que más aportamos, por si nos dan 40 0 60 millones más? Al juzgado corriendo», ha pedido.
También reclama inversiones imprescindibles en infraestructuras de agua potable y depurada.
Xavier Pericay, de Ciudadanos, ha calificado como «buena la manera de enfocar la relación con Madrid que ha planteado Armengol» y ha mostrado su acuerdo con la reclamación de más información al Ministerio de Hacienda.